CIUDAD DE MEXICO.- Un juez mexicano decidirá en las próximas horas si dicta orden de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría, acusado de genocidio por la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971, en un hecho sin precedentes en México.
El fiscal Ignacio Carrillo Prieto presentó la noche del jueves cargos contra Echeverría y una decena de ex funcionaros y militares por la matanza de unos 30 estudiantes en una manifestación realizada en 1971 en Ciudad de México.
Es la primera vez que uno de los ex presidentes de México, hasta ahora intocables, es acusado formalmente ante la Justicia por cargos penales y también la primera vez que se responsaliza a funcionarios de tan alto nivel por la "guerra sucia".
El juez deberá considerar antes de que venza un plazo de 24 horas, esta tarde (local), si dicta los pedidos de detención solicitados por el fiscal o rechaza el inicio del proceso.
No obstante, Echeverría, que tiene 82 años, podría seguir el juicio y cumplir la eventual condena en su domicilio por ser mayor de 70 años.
La defensa de Echeverría considera improcedente el cargo de genocidio. Argumenta además que el delito prescribió a los 30 años y que no son válidos los convenios internacionales adoptados después por México porque la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes.
"Es una consignación sin motivo, no hay delito, no hay delito de genocidio, en México nunca ha habido un genocidio", dijo el abogado de Echeverría, Juan Velázquez.
Agregó que el 10 de junio de 1971 hubo un "enfrentamiento", pero no genocidio y que ningún convenio puede estar por encima de la Constitución. "La orden de aprehensión debiera negarse", sostuvo.
El fiscal Carrillo Prieto, en su primera declaración pública después de presentar el expediente, dijo hoy que el genocidio sigue vigente en base a leyes nacionales y pactos internacionales firmados por México sobre delitos de lesa humanidad.
Carrillo Prieto dijo, además, que los responsables de la masacre de 1971 "concibieron, prepararon y ejecutaron" un plan para erradicar parcialmente a un grupo nacional, en este caso los estudiantes que reclamaban libertades políticas, mediante el uso ilegal de la fuerza pública.
En la matanza del 10 de junio de 1971, unas 30 personas murieron, según organismos de derechos humanos, cuando el grupo paramilitar Los Halcones, formado desde el gobierno, reprimió una marcha estudiantil.
Carrillo Prieto llamó a aprovechar como un "necesario lapso de reflexión" las horas que tiene el juez para determinar si dicta órdenes de aprehensión o declara improcedente el proceso.
"México nos llama hacia adelante, iluminando con la ley su pasado reciente", declaró, al rechazar que los cargos levantados por la "guerra sucia" pongan en riesgo la estabilidad mexicana.
La acusación formal de los presuntos involucrados generó fuertes reacciones en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México entre 1929 y 2000.
En un comunicado, la principal agrupación opositora reclamó estricto apego al derecho y rechazó el manejo político de este caso.
"No aceptaremos ningún intento del Estado para aniquilar a los adversarios políticos y para relacionar estos hechos con procesos electorales", dijo el PRI.
Una eventual detención de Echeverría provocaría una crisis entre el PRI y el gobierno de Vicente Fox, que instituyó la fiscalía especial sobre la "guerra sucia" en noviembre de 2001, pero necesita del PRI para sacar adelante cualquier proyecto en el Congreso.
Pese a ello, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Juventino Castro, consultado sobre la relevancia del caso, dijo que "ningún país debe de temblar" cuando se procesa a una persona de acuerdo con la ley.
"Es llamativo que sea una persona muy representativa (...) pero definitivamente la ley no se hace por quien es o quien fue el funcionario", manifestó, aunque dijo desconocer el expediente de este caso.
El Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Fox, señaló a través de su presidente, Luis Felipe Bravo Mena, que esta decisión del fiscal fortalecerá el Estado de Derecho. Los que tendrán que decidir "serán los jueces, no los políticos ni los partidos", afirmó Bravo Mena.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), una agrupación de centroizquierda, llamó al Poder Judicial a asumir su responsabilidad histórica para poner fin a la impunidad y a dictar las órdenes de aprehensión pedidas por el fiscal.
"Los más importante ahora es que se lleven a cabo los juicios penales que establezcan la verdad penal sobre la matanza del Jueves de Corpus, en lugar del vacío judicial que ha existido hasta hoy, con la consecuente impunidad promovida por el Estado", dijo el PRD.
El expediente de la masacre del Jueves de Corpus de 1971 está contenido en 13 tomos, que fueron entregados por Carrillo Prieto ante un juez federal del Reclusorio Norte dentro de nueve cajas.
