LA PAZ.— Cuando se ha escrutado ya el 98,89% de las mesas a nivel nacional del referéndum sobre el gas de hace una semana, se confirma la clara victoria del "sí" a su exportación y nacionalización en boca de pozo.
La Corte Nacional Electoral (CNE) informó que, con sólo 1,21% de las mesas por escrutar, el "sí" ha obtenido un promedio del 76,5% de los votos válidos, en el conjunto de las cinco preguntas planteadas por el gobierno.
También señaló que la abstención fue de 40% del padrón electoral de 4,4 millones de votantes, los sufragios en blanco el 13,3% y los anulados el 11,5% del total de votos emitidos.
El Presidente Carlos Mesa se había congratulado la noche del mismo 18 de julio por los resultados, que el gobierno considera como un apoyo general a su gestión, cuando se conocieron las primeras proyecciones de los medios de comunicación, que ya señalaban una clara tendencia a la victoria del "sí".
El planteamiento oficial que más apoyo obtiene, con el 92,2% de aprobación, es el de la nacionalización de los hidrocarburos en boca de pozo, que debe traducirse en una ley por la que el Estado recupere los derechos de comercialización de los combustibles en esa instancia.
La propuesta que menos apoyo recibe se refiere a la posibilidad de negociar la provisión de gas natural a Chile a cambio de obtener de ese país una salida soberana al Pacífico.
Esta propuesta recibe el "sí" con el 54% de los votos válidos, pero en dos de los nueve departamentos (provincias) bolivianos, Oruro y Potosí, el rechazo es mayor a la aprobación.
Mesa ha señalado que los resultados se traducirían en una nueva ley de hidrocarburos, que sustituya a la "neoliberal" de 1996, y que permitió la llegada de 3.500 millones de dólares en inversiones hasta 2003 y el descubrimiento de 50 trillones de pies cúbicos de gas, de los 55 que hoy Bolivia tiene como reservas probadas y probables.
Ellas son las segundas más cuantiosas de Sudamérica; las primeras son las venezolanas.
Pero las empresas petroleras han manifestado su preocupación por lo que entienden un posible cambio en las reglas de juego, según ha dicho su vocero José Alberto López.
La española Repsol YPF ha señalado que suspenderá sus inversiones en Bolivia hasta que pueda conocer el contenido de la nueva ley, que implicaría al mismo tiempo un incremento en los impuestos en boca de pozo, opción que también ganó en el referéndum.
