BUENOS AIRES.- La ex presidente de Argentina María Estela Martínez de Perón, quien reside en España, fue involucrada hoy por familiares de desaparecidos en las causas que se siguen contra ex jefes de la última dictadura militar.
A la viuda del general Juan Domingo Perón se le achaca "haber habilitado la violación sistemática de los derechos humanos" cuando autorizó en 1975 la participación del Ejército en la lucha contra un grupo guerrillero en la provincia de Tucumán, según la denuncia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La querella, presentada ante el juez federal Jorge Parache, de la capital de Tucumán, abarca también al ex presidente provisional del país Italo Luder, a los generales retirados Adel Vilas y Antonio Domingo Bussi, y a los ex jefes policiales Antonio Arrechea y Roberto Albornoz, entre otros.
Martínez, conocida también como "Isabelita", su apodo cuando era bailarina, gobernó Argentina desde el 1 de julio de 1974, tras la muerte de su esposo y presidente Juan Domingo Perón, hasta el 24 de marzo de 1976, cuando fue destituida por un golpe de Estado que dio lugar a una cruel dictadura militar que concluyó en 1983.
Durante el breve gobierno de la viuda de Perón, caracterizado por una galopante inflación, continuas crisis ministeriales y pronunciamientos militares, operaron grupos terroristas de derecha, como la llamada Triple A, y de izquierda, que instaló un foco guerrillero en los montes de Tucumán.
La viuda de Perón autorizó, mediante decreto, la participación del Ejército para combatir a los guerrilleros en la norteña Tucumán, acción denominada "Operativo Independencia", primero bajo las órdenes de Vilas y luego de Bussi, quien continuó en la dictadura como interventor de la provincia.
Según la querella de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que firman las abogadas Laura Figueroa y Viviana Vicente, unas 400 personas desaparecieron y cerca de un millar sufrieron cautiverio ilegal y torturas en Tucumán durante la dictadura.
En la denuncia se destaca que varias cárceles ilegales, que funcionaron en esa provincia durante la dictadura militar, "fueron creadas al amparo" de los "decretos y normas" firmados por la viuda de Perón, quien en unas vacaciones de casi tres meses fue sustituida por el abogado Luder.
"Se dictaron normas inconstitucionales, con la connivencia de sus ministros y se utilizaron dependencias estatales y privadas como lugares de tortura" para "instaurar un plan sistemático de genocidio" que se "profundizó con la dictadura militar", agrega la denuncia judicial.
El general Bussi, de 78 años, uno de los requeridos por el juez español Baltasar Garzón por crímenes de lesa humanidad, se encuentra desde el año pasado bajo arresto y procesado en otras causas por violaciones a los derechos humanos, pero de su camarada de armas Vilas se desconoce el paradero.
En el juicio oral y público en 1985 contra los comandantes de la la dictadura, Luder negó que el "Operativo Independencia" y los decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas "aniquilar" la subversión hayan sido el embrión del "plan criminal" puesto en práctica con el golpe de Estado de 1976.
