LA PLATA.– Entre 2001 y 2003 se cuadruplicaron las denuncias de secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad. Es que de las 77 denuncias que hubo en 2001 se pasó a 307 en el año último.
La modalidad más usual es el secuestro exprés, que representa el 82% de los hechos denunciados y cuyo incremento supero el 1000% en el mismo lapso: hubo 23 casos, en 2001, y 265, en 2003.
La proliferación de casos, al parecer, transformó este delito en una forma de vida para un grupo de no más de diez bandas, que, según fuentes ministeriales, son las que operan en el conurbano y las que cosecharon, en lo que va del presente año, alrededor de 1.400.000 pesos como producto de los rescates cobrados a los familiares de sus víctimas.
El cálculo forma parte de un informe reservado del Ministerio de Seguridad bonaerense al que accedió LA NACION. Según ese trabajo, en la provincia se denunciaron, entre enero último y ayer, 137 secuestros, de los cuales 15 (11,5%) fueron extorsivos –incluido el caso de Gabriel Gaita, que fue liberado anoche–; 113 (82%), exprés, y nueve (6,5%) resultaron autosecuestros.
El estudio asegura que sólo en el 53 por ciento de los casos consignados hubo pago de rescate. Esto representa 68 hechos por los que los delincuentes obtuvieron, en promedio, poco más de 20 mil pesos por cada uno de ellos. Según los datos con que cuenta la cartera conducida por León Arslanian, la información se completa con un 40% –51 casos– en que se produjo la liberación sin pago alguno, mientras que el restante 7% –9 casos– corresponde a autosecuestros.
El destino de los rescates
Hasta ahora, una de las grandes fallas de la investigaciones es la recuperación del dinero de los rescates.
Según una alta fuente del Ministerio de Seguridad provincial, "la recuperación del dinero es muy dificultosa, porque el rescate se esfuma inmediatamente después de que es pagado. Los pesos pesados de este delito suelen tener quienes se dedican a colocar el dinero marcado o se encargan de hacerlo circular".
Los investigadores siguen hoy la pista de las inversiones realizadas por supuestos testaferros –en general abogados o contadores– de los secuestradores. En algunos casos, hasta se detectó la compra de bienes raíces y la apertura de cuentas bancarias fuera del país.
Uno de los delincuentes a quien se sigue con atención es Cristian Muñoz, alias "Hígado", y a sus familiares, algunos de los cuales estarían involucrados y fueron detenidos por el secuestro de Nicolás Garnil.
Se sospecha que el clan Muñoz, o alguno de sus antiguos socios, podría tener dinero e inversiones en el interior del país y también en Brasil. Otra pista lleva a los investigadores hasta Uruguay, donde se habría invertido parte del rescate pagado en uno de los casos más resonantes del año pasado.
Fuentes policiales confiaron que el padre de Muñoz compró hace unos meses una camioneta por la que pagó 20 mil pesos, con billetes marcados por la policía. Lo habría hecho fraguando su identidad. Días después, vendió el vehículo casi al mismo precio, según reveló una alta fuente policial.
La compra de autos e inmuebles y la apertura de cuentas bancarias serían los principales objetivos de inversión.
El informante explicó que existe un mercado de intercambio y conversión –"reducción"– de billetes marcados por la policía para el pago de un rescate en el que se llega a abonar hasta el 60 por ciento del valor del dinero. Este mecanismo, al parecer, es utilizado por las bandas menos "profesionalizadas".
Poderío económico
La disponibilidad económica de los cabecillas de las bandas de secuestradores quedó demostrada en el caso Garnil, donde según fuentes policiales se habrían detectado, al menos, tres casas preparadas para eventuales cambios de lugar de cautiverio del adolescente.
Aunque resultaría un elemento marginal en el panorama de ramificaciones de las bandas, un alto funcionario del Ministerio de Seguridad no descartó "que haya algún grupo que pueda estar financiando con secuestros su negocio de venta de drogas".
La mutación de las gavillas y la modificación de su composición, a medida que se producen detenciones o alguno de sus miembros se convierte en prófugo y deja de actuar, dificulta el establecimiento de patrones de comportamiento homogéneos entre los grupos.
Según los datos oficiales, en lo que va del año, fueron detenidas 152 personas acusadas por su participación, en distintos grados, en secuestros.
No obstante, muchos de ellos –no hay un dato exacto– recuperaron su libertad por falta de pruebas o por haber sido considerados partícipes secundarios e imputados por delitos excarcelables.
En los últimos meses, la Subsecretaría de Investigaciones en Función Judicial y la de Información para la Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad bonaerense comenzó a construir una base de datos unificada que nutre la tarea de inteligencia predelictual sobre casos de crimen organizado. Este registro permitirá conocer antecedentes, reincidencias y situación de los acusados de integrar las bandas de secuestradores. Además, será vital para el seguimiento de movimientos de eventuales sospechosos. Algo fundamental a la hora de pensar en la prevención.
