BOGOTÁ.- Un escándalo de proporciones ronda hoy al gobierno colombiano tras la renuncia de un alto funcionario a quien se le impidió difundir una encuesta oficial sobre seguridad con datos desfavorables que comprometían la imagen del presidente Alvaro Uribe.
Cuando el país se aprestaba a conocer los resultados de un inédito estudio sobre violencia y victimización en las tres principales ciudades del país, realizado por el estatal Departamento Nacional de Estadística (DANE), un portavoz presidencial frenó su divulgación precipitando, de paso, la salida del director del organismo, César Caballero.
El funcionario presentó su carta de dimisión alegando "que no podía cumplir, por razones morales, con la orden" impartida por Ricardo Galán, jefe de comunicaciones del Palacio de Nariño (sede presidencial), cuya actuación sorprende aún más por tratarse de un mando medio dentro del Ejecutivo.
"Es inmoral que se postergara la publicación de unos resultados que habían sido mostrados en las instancias que se me habían indicado (Policía y alcaldes). Esto le hace un flaco favor a la sociedad colombiana y a los esfuerzos del presidente Uribe en pro de la transparencia", fustigó el saliente director del DANE.
Sin ofrecer detalles sobre el estudio, Caballero reveló que el mismo "contenía cosas positivas y negativas" sobre la percepción de seguridad entre los habitantes de Bogotá, Cali y Medellín, pero que a pesar de ello las autoridades jamás objetaron su divulgación.
Incluso el jefe del organismo de estadística insinuó que los resultados comprometían la imagen del presidente Uribe en el tema de la seguridad, su principal bandera de gobierno y de sus aspiraciones reeleccionistas.
El caso desató una tormenta con efectos adversos para la imagen del gobierno, que se vio obligado a difundir los resultados de la encuesta, aclarando que lo hacía sin haber analizado sus resultados como estaba previsto.
Sin embargo, Caballero insistió en que antes de programarse su difusión, los datos del estudio fueron analizados con la Policía, el servicio secreto y las autoridades de las ciudades involucradas, en cumplimiento con lo establecido con el gobierno.
"Hasta el último día cumplí con lo que el presidente me dijo el día de mi posesión: si está seguro de un dato, sea bueno o malo para el gobierno, lo publica y de inmediato. En consecuencia, me voy porque no me enseñaron a utilizar rodilleras y no tengo actitudes claudicantes", afirmó.
Sobre el particular el comandante de la Policía, general Jorge Castro, admitió que conoció los resultados y que los mismos lo habían "dejado inquieto". "Nosotros quedamos inquietos y le dije al director del DANE que nos reuniéramos en otra oportunidad con el objeto de analizarla más objetivamente".
El gobierno aceptó el miércoles la renuncia de Caballero y designó en su lugar al ex consejero presidencial Ernesto Rojas.
Al salirle al paso a la polémica el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, dijo que Caballero obró "con exceso de susceptibilidad" y que en ningún momento el gobierno trató de censurar la difusión de la encuesta.
"El gobierno no le impidió que la publicara; lo único que pidió un funcionario es que se hiciera un cruce de información y se revisara en detalle las cifras con los alcaldes", explicó Pretelt al desestimar las razones morales aducidas por Caballero.
El ministro reiteró que "no habrá manipulación de cifras y que el gobierno dará a conocer el estudio", cuando lo estime pertinente.
