LA PAZ.- El Congreso boliviano abrió hoy la puerta para que el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se convierta en el primer gobernante elegido democráticamente en la época moderna del país que tenga que someterse a un juicio de responsabilidades en su contra.
Según la legislación boliviana, la resolución aún requiere la aceptación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que aplicará la Ley de Responsabilidades en vigencia desde el 13 de marzo de 2003, precisamente promulgada por el principal inculpado, y que sustituyó a la normativa de 1884.
Sánchez de Lozada es acusado de "violaciones a derechos y garantías" por los sucesos violentos registrados durante una revuelta popular que terminó con la renuncia del Mandatario en octubre del año pasado.
La aceptación o rechazo de la acusación será resuelta por los tres magistrados de la Sala Penal, los ministros Jaime Ampuero, Héctor Sandóval y José Luis Baptista, tras revisar el requerimiento presentado en enero pasado por la Fiscalía General de la República.
El proceso, en caso de concretarse, afectará al ex presidente y a todos los integrantes de su gobierno, una coalición integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada, por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), del ex presidente Jaime Paz Zamora, por la Nueva Fuerza Republicana, del ex militar Manfred Reyes Villa, y dos independientes.
La Comisión de Constitución había propuesto abrir juicio sólo al ex gobernante y a dos de sus ministros, el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y el de Gobierno (Interior), Yerko Kukoc, pero los representantes del MNR en el Congreso (47) lograron que el proceso afecte a todo el gobierno que encabezaba Sánchez de Lozada.
La determinación de los parlamentarios bolivianos fue adoptada en una sesión que terminó pasada la medianoche del miércoles, tras más de doce horas de debate.
En la resolución, el parlamento boliviano autorizó el envío a los tribunales de un expediente, producto de las demandas de la Central Obrera Boliviana y del MAS, y que fueron respaldadas por una decena de organizaciones sindicales y políticas.
Dichas demandas responsabilizaban a las ex autoridades de al menos 58 muertes producidas a consecuencia de las manifestaciones en protesta por el intento del gobierno de exportar gas natural a través de territorio chileno, y de la crisis económica del país.
En caso de confirmarse la decisión legislativa en la Sala Penal del máximo tribunal, el ex gobernante y los ex ministros serán convocados ante el pleno de la corte suprema nacional, cuya sede está en Sucre, capital constitucional boliviana ubicada en el sur del territorio.
Los legisladores han adelantado que, en el curso del juicio, podrán ser inculpadas otras ex autoridades de la administración de Sánchez de Lozada, con el fin de alcanzar un absoluto esclarecimiento de los sucesos denunciados.
La ley boliviana señala que la sentencia en un proceso de responsabilidades requiere de dos tercios de los doce magistrados integrantes del máximo tribunal de justicia del país.
Sánchez de Lozada, quien accedió a la presidencia por segunda vez en agosto de 2002, dimitió el 17 de octubre de 2003 al no poder aplacar las citadas manifestaciones.
El ex presidente y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, se encuentran en Estados Unidos, desde que cayó su gobierno, mientras que la mayoría de los ministros restantes se hallan en Bolivia.
Por un juicio de responsabilidades, el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, pena que cumple desde 1995 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a 20 kilómetros de la ciudad de La Paz.
El Congreso continuará su sesión, hoy, jueves, para resolver seis peticiones de juicio de responsabilidades contra otras tantas ex autoridades, incluso el de un ex prefecto (gobernador) del régimen de facto de Hugo Banzer (1971-1978).
