LA PAZ.- El ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dijo no tener "optimismo en relación a un juicio ecuánime" en su contra, porque quienes lo derrocaron integran el gobierno "y ejercen influencia decisoria sobre el Poder Judicial".
Al mismo tiempo, anunció que acudirá a todas las instancias para lograr "la más amplia, imparcial y exhaustiva investigación" de los hechos que lo obligaron a renunciar el 17 de octubre del año pasado y por los cuales será ahora juzgado.
El ex gobernante envió el viernes una nota a los diarios locales en la que anuncia que el domingo, al cumplirse el primer aniversario de su renuncia, en medio de protestas generalizadas, dirigirá un mensaje grabado al país.
La nota difundida hoy es la primera reacción de Sánchez de Lozada a una resolución del Congreso Nacional que, el jueves, autorizó a la Corte Suprema que se enjuicie al ex mandatario y a 15 ministros que colaboraron con él, por las muertes ocurridas durante las protestas que marcaron su gestión de 15 meses.
"En el ambiente en que se vive actualmente en Bolivia no hay margen para el optimismo en relación a un juicio ecuánime", dice la nota de Sánchez de Lozada publicada hoy.
Luego opina que "quienes derrocaron al poder constitucional, asestando un golpe a la democracia y a las instituciones bolivianas, ahora están participando del Gobierno y ejercen una influencia decisoria sobre el Poder Judicial".
"Esto ha quedado demostrado una vez más con la última infamia del Fiscal General interino de la República, designado inconstitucionalmente por el Gobierno, quien me responsabiliza de una supuesta sustracción ilegal de fondos reservados que no existió", añade.
El fiscal general, César Chávez, anunció que pedirá ampliar el juicio por malversación y daño económico al Estado, porque dijo que días antes de renunciar Sánchez de Lozada ordenó al Banco Central la entrega de 180 millones de bolivianos (22 millones de dólares).
El Banco negó hoy que hubiera habido una extracción de fondos por ese monto en las fechas indicadas por el fiscal.
La declaración de Sánchez de Lozada añade que aun con el convencimiento de que no habrá ecuanimidad en el juicio, acudirá "a ésta y a todas las instancias que sean necesarias para exigir el derecho de los bolivianos y de la historia a la más amplia, imparcial investigación".
La investigación, dice, "debe abarcar tanto a los ciudadanos que han estado en el Gobierno, como a los que lo derrocaron mediante la conspiración y la sedición... debe identificar, con precisión, a los culpables".
Antes de renunciar, hace un año, Sánchez de Lozada había acusado al líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, y a los dirigentes sindicales y campesinos, de conspirar para derrocarlo y les atribuyó las protestas sociales en las que murieron 56 personas y otras 400 resultaron heridas.
"Si una investigación imparcial todavía fuera posible, podremos ver en sus resultados, claramente, el entramado de intereses que se han articulado no sólo para derrocar al gobierno constitucional a cualquier costo, sino también para herir de muerte al sistema político y económico", opina.
Sánchez de Lozada reconoce que "seguramente han sido muchos" los errores que pudo haber cometido, "pero nunca producto de la mala fe ni del odio agazapado en el corazón".
Las protestas que forzaron su renuncia comenzaron con la oposición popular a una eventual exportación de gas utilizando un puerto chileno, intención que se le atribuyó a su gobierno.
Esa demanda se transformó en la exigencia de revertir al Estado los yacimientos concedidos a petroleras privadas, abrogar la ley de Hidrocarburos que dictó en su primera gestión y convocar a una Constituyente para reformar el estado.
El gobierno ordenó al Ejército reprimir las protestas y levantar el bloqueo de caminos con el que los campesinos habían aislado a La Paz. En esas circunstancias murieron 56 personas y las protestas derivaron en el pedido de renuncia del Presidente.
Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre pasado y partió, con su familia, hacia Estados Unidos, donde reside desde entonces. En su lugar asumió la presidencia, un día después, Carlos Mesa, que había sido elegido Vicepresidente junto con él en las elecciones de 2002.
