SAN JOSÉ.- El fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall’Anese, y fiscales de delitos económicos comenzaron hoy a estudiar una apelación al arresto domiciliario que dictó un juez al ex Presidente costarricense Miguel Angel Rodríguez.
Dall’Anese, que mantiene una lucha legal contra varios implicados en casos de corrupción, poderosos empresarios y líderes políticos, pidió nueve meses de prisión preventiva para Rodríguez, acusado de recibir comisiones de la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel y de Taiwán durante su gobierno (1998-2002).
Sin embargo, el juez penal Carlos Jovel Sánchez dictó el sábado seis meses de arresto domiciliario, que cumple en un apartamento en una zona de clase media del este de San José, y le impuso una fianza de 555.555 dólares.
Esta decisión ha causado malestar en diversos sectores del país, que esperaban que a Rodríguez se le aplicara prisión preventiva, al igual que a otros implicados en el mismo escándalo, sobre todo tras la espectacularidad con la que fue recibido el viernes pasado, cuando se le bajó esposado del avión que le trajo de Washington.
Hasta ahora no han trascendido los argumentos que expondrán los fiscales para llevar a la cárcel a Rodríguez, fugaz secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ocupó el cargo del 15 de septiembre al 15 de octubre.
Cuatro fiscales y el fiscal general “se encuentran trabajando en la redacción de dicha apelación”, en una reunión en la Fiscalía, en San José, señaló el Poder Judicial por medio de un comunicado.
La apelación debe ser presentada a más tardar tres días hábiles después del fallo del juez, del pasado sábado, que comenzarían a correr a partir de mañana, martes, por ser hoy festivo en Costa Rica.
Una vez presentada la apelación, el juez tiene 24 horas para decidir, según expertos en derecho penal.
La apelación debe ser presentada ante el Tribunal Penal de San José y éste la traslada al juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en las afueras de San José, donde se tomó la anterior resolución.
El juez Jovel Sánchez fundamentó su resolución al considerar que las pruebas presentadas contra Rodríguez no eran lo suficientemente consistentes, en algunos casos, basadas en correos electrónicos.
En su decisión, consideró “espuria” esta prueba, pues los correos son una comunicación privada que no se obtuvo mediante orden de un juez por lo que no puede usarse en el proceso judicial.
Según las investigaciones de prensa y de los fiscales, Rodríguez recibió 2,4 millones de dólares en comisiones durante su mandato.
El ex presidente ha negado todos los cargos y sólo admitió que recibió 140.000 dólares de un préstamo de un colaborador y amigo suyo, José Antonio Lobo, según trascendió a la prensa su declaración del pasado viernes y sábado.
De los 2,4 millones de dólares que, según las investigaciones, recibió Rodríguez, una parte provino de Alcatel, uno de los proveedores del Estado costarricense, y de Taiwán, país del que se presume recibió 400.000 dólares, en dos cheques del Gobierno, y un millón de una empresa identificada como Friendship.
La comisión de Alcatel se produjo después de el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aprobara una licitación para la compra de 400.000 líneas de telefonía celular por un total de 149 millones de dólares.
Por este caso están presos el ex gerente general de Alcatel en Costa Rica, Edgar Valverde, y un ex directivo del ICE, Joaquín Fernández, quien recibió 1,2 millones de dólares de este firma francesa.
Lobo, otro ex directivo del ICE, está bajo arresto domiciliario por haber colaborado con la justicia al denunciar que Rodríguez le pidió el 60 por ciento de las comisiones de Alcatel.
