WASHINGTON.- El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada dijo hoy que en su país existe un ’’ambiente de linchamiento’’ que hace imposible un juicio justo contra él por su responsabilidad en los disturbios del año pasado.
"Considero que la justicia requiere de un proceso transparente, independiente y justo, que permita establecer las bases y los hechos de la acusación antes de proceder a un juicio", declaró en un comunicado.
"Esto no ha sucedido en Bolivia y es improbable que suceda en el actual ambiente de linchamiento", señaló en la nota.
El documento, en inglés, fue enviado por una de las asesoras del ex presidente, Goldie Shturman, a la delegación de EFE en Washington.
Posteriormente, EFE recibió una versión en español de la misma declaración, que en lugar de hablar de "ambiente de linchamiento" dice "ambiente de protestas de las multitudes".
El pasado viernes Sánchez de Lozada emitió otro comunicado en el que dejó entrever que se sometería al juicio de responsabilidades autorizado en su contra por el Congreso por las manifestaciones de octubre pasado, en las que murieron al menos 58 personas en choques de la población civil con las fuerzas del orden.
"Acudiré a ésta y a todas las instancias que sean necesarias, para exigir el derecho de los bolivianos y de la historia a la más amplia, imparcial y exhaustiva investigación de los sucesos, sin privilegios de ninguna naturaleza", dijo entonces.
No obstante, en la nota hecha pública hoy parece sugerir lo contrario.
"Si bien estoy preparado para enfrentar a la justicia, como cualquier otro ciudadano de Bolivia, este proceso debe ser llevado a cabo de acuerdo a la ley y respetando el derecho que tenemos todos los bolivianos a un juicio justo", dijo Sánchez de Lozada, que está refugiado en EEUU.
En el documento, el ex presidente denuncia una serie de irregularidades que a su parecer se han cometido en el proceso, comenzando con la autorización que el Congreso de su país dio al Tribunal Supremo de que abra un juicio contra él y otros ex miembros de su gabinete.
"La autorización fue el producto de la presión ejercida por la multitud en las calles, al igual que por la intimidación personal hacia algunos miembros del Congreso", denunció en su comunicado.
Contra Sánchez de Lozada pesan al menos ocho acusaciones por su presunta responsabilidad en la represión de las manifestaciones de octubre de 2003 contra su Gobierno, que provocaron su dimisión.
El ex presidente indicó que con su salida del país quiso facilitar el restablecimiento de la paz y el orden.
"Desgraciadamente, esto no ha sucedido. Más aún, mi ausencia ha sido tergiversada por los enemigos de la democracia, hacia una supuesta prueba de mi culpabilidad y, recientemente, hacia la supuesta fantasía de que soy ciudadano de los Estados Unidos, lo cual no soy", señaló.
Además, denunció que "haciendo caso omiso de la Constitución, los políticos que tienen el control de Bolivia han asegurado un perdón presidencial para todos los actores que incitaron la violencia y el vandalismo en la ciudad de La Paz y que condujeron al derrocamiento en octubre pasado de un gobierno democráticamente electo", una queja que ya había expresado en su anterior comunicado.
"Lo anterior viola incluso los preceptos más básicos de la justicia y sirve únicamente los intereses de aquellos políticos que obtuvieron la autorización de un juicio (contra Sánchez de Lozada) por parte del Congreso de Bolivia", añadió.
"Sé que he cometido errores, pero creo profundamente que no he violado la ley", dijo el ex presidente.
"Me comprometo a cooperar íntegramente con una investigación completa e imparcial" de los hechos, afirmó.
Tras su dimisión, Sánchez de Lozada fue sustituido por su vicepresidente, Carlos Mesa, como establece la Constitución boliviana.
