BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina anunció hoy que a partir de 2005 contará con una oficina de inteligencia que centralizará el combate contra los delitos complejos, organismo que el Parlamento aprobó crear hace tres años.
La Dirección de Inteligencia Criminal “coordinará las tareas de inteligencia” de la Policía Federal, la Prefectura (guardacostas) y Gendarmería (policía de fronteras), según un informe que brindó ante congresistas el secretario de Seguridad del Ministerio del Interior, Alberto Iribarne.
El funcionario contestó preguntas sobre la estructura del organismo, que comenzará a funcionar en 2005 con un presupuesto anual de 22.866.000 pesos (7.647.491 dólares), de los cuales 8.000.000 de pesos (2.675.565 dólares) serán “fondos reservados”.
Iribarne indicó que la nueva oficina centralizará, en una primera etapa, información de inteligencia sobre los llamados “piratas del asfalto”, bandas que asaltan transportes de mercancías, y también de las organizaciones dedicadas al robo y desguace de automóviles para la venta de repuestos.
En una segunda fase, sin fecha precisada por el secretario de Seguridad, la Dirección de Inteligencia Criminal sumará a su labor la lucha contra el narcotráfico y los secuestros con fines de extorsión, modalidades delictivas en auge en Argentina.
El secretario de Seguridad presentó hoy su informe ante una comisión de diputados y senadores en una reunión vedada al periodismo, ya que todos los asuntos relativos a la seguridad se tratan en el Parlamento en reuniones secretas, pero los legisladores dejaron trascender algunos detalles.
Un congresista, que pidió reserva de su identidad, reveló que el secretario de Seguridad explicó que esos ocho millones de pesos rotulados como “fondos reservados” tendrán como objetivo la “adquisición de tecnología y, fundamentalmente, de información” sobre organizaciones criminales.
También dijo que Iribarne indicó, ante una pregunta, que “el equipo básico y las instalaciones” de la Dirección de Inteligencia Criminal estarán listos “dentro de unos tres meses” y que ese organismo tendrá su dotación completa, calculada en 300 personas, recién a comienzos de 2006.
El Gobierno propuso en 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, crear una oficina de inteligencia para centralizar la lucha contra los delitos complejos, iniciativa que el Parlamento aprobó ese mismo año mediante una ley, pero para su puesta en marcha la norma recién fue reglamentada hace unos meses.
