QUITO.- Los opositores del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, dijeron el viernes que acusarán la próxima semana al mandatario de malversar fondos públicos ante el parlamento, a pesar de la cruzada política impulsada por el oficialismo para frenar el juicio.
’’El jueves a las 10 de la mañana se entrega (la acusación) al presidente del Congreso’’, dijo a Reuters el diputado del opositor Izquierda Democrática (ID), Carlos González
El partido Social Cristiano (PSC) -la principal fuerza legislativa del país- y otros tres movimientos menores acusan a Gutiérrez de financiar con fondos estatales giras en las que promocionó a candidatos de su partido, Sociedad Patriótica (PSP), de cara a unos comicios provinciales que perdió abrumadoramente.
El mandatario -que lideró en el 2000 una revuelta que derrocó al centrista Jamil Mahuad y que asumió el cargo en enero del año pasado tras imponerse en las urnas a los partidos tradicionales- ha negado el cargo y los ha calificado de ’’políticos’’.
Los detractores de Gutiérrez sumaban el apoyo de 52 diputados al pedido para que el parlamento de 100 miembros inicie un juicio político y destituya al militar retirado con 21 meses de gestión por el delito de malversar recursos estatales y preveían sumar el sostén de otros dos congresistas en los próximos días.
El PSC y sus socios políticos contarían así con 54 votos, más del doble de lo requerido para presentar la acusación contra Gutiérrez, pero apenas tres votos por encima de lo exigido por la ley para que el pleno del parlamento apruebe la demanda e instaure el juicio.
Las facciones opositoras se encuentran además 13 votos por debajo de lo requerido para expulsar a Gutiérrez del cargo, sembrando dudas por las posibilidades de éxito del proceso y alimentando las esperanzas oficialistas de que finalmente no se lleve a cabo el juicio.
El anuncio del inicio de la acusación fue puesto en entredicho por el PSP que clama contar con 46 votos para defender a Gutiérrez, quien será acusado pese a no existir un informe en contra de la Contraloría General, organismo que analiza las cuentas de la Presidencia de la República.
’’Tengan la seguridad de que la oposición no conseguirá todas las firmas. Será una pérdida de tiempo’’ dijo a periodistas el jefe del bloque de cinco diputados del PSP, Gilmar Gutiérrez, hermano del presidente.
El PSP está apostando por los acuerdos con partidos populistas, independientes y contactos con tres diputados de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena y cuya cúpula aseguró sus votos para la destitución aunque se ha mostrado débil para controlar las acciones de sus 11 congresistas.
’’Nosotros mantenemos nuestra posición de que Gutiérrez sobrevivirá al juicio político, a menos que existan eventos que desaten la furia pública’’, dijo el analista del Credit Suisse First Boston, Jan Dehn, en un reporte.
En medio de la pugna, la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inició el cobro de deudas impagas que por 10 millones de dólares mantiene un hermano del principal líder del PSC, León Febres Cordero, con un banco cerrado bajo control del organismo.
Sus partidarios interpretaron la medida como una represalia política.
La oposición tenía previsto presentar la acusación esta semana, pero debido a la serie de requerimientos legales que deben cumplir los diputados y a los contactos dilataron el primer paso dentro del proceso en busca del enjuiciamiento de Gutiérrez.
La polarización que reporta el parlamento en torno a la figura de Gutiérrez fue vista con indiferencia por la población, más preocupada de los planes para disfrutar de un feriado que se extenderá hasta el próximo jueves en conmemoración de fiestas religiosas y locales.
Ningún presidente de Ecuador ha sido enjuiciado por el parlamento desde que el país retornó a la democracia en 1979, un período marcado por recurrentes crisis políticas y económicas que provocaron el desplome de dos mandatarios en medio de revueltas populares desde 1997.
En el caso de Gutiérrez sea censurado, asumiría el cargo hasta enero del 2007 el vicepresidente Alfredo Palacio, un opositor de las políticas de libre mercado y un recurrente contradictor del programa gubernamental, por lo cual ha sido aislado de la cúpula de poder.
