LA PAZ.- Las huelgas que comienzan hoy lunes en Bolivia ponen al país al borde de otra crisis política, tras la advertencia lanzada anoche por el presidente, Carlos Mesa, de dimitir si la violencia en las protestas deriva en muertes.
El mandatario, que lleva en el poder catorce meses y llegó al mismo tras la renuncia de su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada por las revueltas sociales de octubre de 2003, advirtió con dejar el Palacio de Gobierno si es forzado a responder violentamente a las movilizaciones.
"Si hay una presión que obligue a este presidente a ejercer violencia con la certidumbre de que esa violencia va a costarle vidas humanas, este presidente no va a continuar aquí en Palacio de Gobierno", dijo el mandatario en un mensaje lanzado el domingo.
En su discurso, sostuvo que se encontraba "entre la espada y la pared" por las peticiones para revertir el alza de carburantes aprobado a fines de 2004, y aseguró que "era evidente y clarísimo" que no lo dejaban gobernar y concretar sus reformas.
El temor del mandatario es que a partir de las movilizaciones anunciadas en las ciudades de El Alto y Santa Cruz se genere un clima de violencia "incontrolable" y se empiece "a contar (la pérdida de) vidas de bolivianos", como ocurrió en octubre del 2003 cuando 58 personas murieron en medio de un conflicto generalizado.
El principal foco de tensión se centra en El Alto, la más ciudad más pobre del país y vecina de La Paz, que empieza hoy una huelga indefinida para pedir la salida de la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, que opera la empresa Aguas del Illimani, por considerar que incumplió el contrato que tiene desde 1997.
El máximo dirigente de las juntas vecinales de El Alto, Abel Mamani, dijo que no está a favor de la dimisión del mandatario, y pidió a sus bases que el paro "sea pacífico, pero contundente" y sin ocupar los predios de la empresa para evitar choques con la policía.
Mamani exhortó a "no desvirtuar la esencia de la movilización" y centrarla en la expulsión de la firma y en la derogación del alza de combustibles entre el 10 y 23 por ciento, dictada por el Gobierno el 30 de diciembre pasado, por su efecto en el costo de vida.
El objetivo de los alteños tiene un antecedente en 2000, cuando otra multinacional del sector, Aguas del Tunari, fue forzada a dejar un proyecto por la convulsión social desatada en la ciudad de Cochabamba y que pasó a la historia como la "guerra del agua".
En cambio, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, subrayó que "por supuesto que sí" quiere que Mesa deje el Gobierno y convoque a elecciones porque "no cumplió" con las reformas planteadas por los sectores populares en el 2003, entre ellas la nacionalización de las inversiones petroleras.
La baja del coste de la gasolina y el gasóleo también es la bandera del Comité Cívico de Santa Cruz, ciudad capital del departamento del mismo nombre que, a diferencia de El Alto, es la más pujante y de mayor crecimiento económico de Bolivia.
Los líderes regionales de Santa Cruz, situada a 851 kilómetros al este de La Paz, evaluarán hoy la posición presidencial y alistarán la huelga convocada para el martes y miércoles.
El vicepresidente de los cívicos cruceños, Germán Antelo, dijo hoy que no pidieron la renuncia, pero apuntó que Mesa y sus ministros "están trabajando para eso".
"No estamos pidiendo que se vaya, pero si lo planteó de esa manera, es porque él así lo quiere", añadió.
Su posición fue secundada por el presidente de la poderosa patronal cruceña Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Céspedes, quien declaró que Mesa busca renunciar porque "no tiene una programa coherente como para que el pueblo tenga la esperanza el día de mañana de llegar a su hogar con un pedazo de pan".
El otro gremio empresarial grande de esa ciudad, la Cámara de Industria y Comercio y Turismo (Cainco), también cuestionó a Mesa porque estableció una supuesta alianza de "minorías radicales" contra su administración, en alusión a la coincidencia de las protestas sindicales, cívicas y empresariales.
En su discurso, el Jefe de Estado acusó a los "pequeños grupos de radicales" de tratar de "capturar" el país y buscar que el Gobierno se "arrodille" para detener sus reformas económicas y políticas, al tiempo que pidió apoyo de la población para evitar una crisis.
