MADRID.- España ofreció el lunes una amnistía a cientos de miles de inmigrantes ilegales y rechazó las críticas de que esta política convertiría al país, y a la Unión Europea, en un imán para la inmigración.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que la amnistía permitirá controlar la inmigración de forma más eficaz, ya que detectará a quienes viven de forma ilegal en España y a los que están tratando de entrar al país.
Bajo estas nuevas medidas, si los inmigrantes pueden probar que no tienen antecedentes penales y que han vivido en España desde agosto del 2004, podrían calificar para obtener la residencia permanente en el país y el permiso de trabajo.
Asimismo, los inmigrantes deberán presentar un contrato de trabajo en los próximos seis meses para asegurar que sólo los trabajadores necesarios se quedarán en el país, según el gobierno.
El período de normalización extraordinaria durará sólo tres meses -del 7 de febrero al 7 de mayo- y a partir de entonces el inmigrante que quiera "regularizarse" deberá acogerse a las opciones laborales o de reagrupación familiar que se contemplan en el Reglamento Migratorio.
Este plan ha desatado polémicas tanto dentro como fuera de España. Se estima que alrededor de 800.000 inmigrantes ilegales viven en territorio español, pero se desconocen cuántos se beneficiarán de la amnistía.
El gobierno informó el lunes que había recibido unas 1.500 solicitudes de legalización en el primer día de la amnistía.
"El problema con esta medida es que la gente viene creyendo que la situación aquí es fácil", dijo Antonio, un estudiante de 20 años que vive en Madrid. "Si van a venir inmigrantes, deben llegar con su contrato (de trabajo) en regla. De otra forma, nos están quitando empleos a los españoles que ya estamos aquí".
La medida parece contraponerse a lo que está sucediendo en el resto de la Unión Europea (UE) y aunque aunque el gobierno de Zapatero ha dicho que su política es correcta, sus declaraciones no han servido de nada para calmar las preocupaciones en el resto de Europa.
En Gran Bretaña, el gobierno laborista se prepara para implementar controles más estrictos sobre los inmigrantes para detectar de manera más eficaz a los trabajadores no calificados. Con esto, las autoridades intentan calmar los temores de la población sobre la inmigración hacia el país, así como sus secuelas en los servicios públicos y de seguridad.
En una reunión de la UE, celebrada en enero, la ministra de Inmigración de Holanda, Rita Verdonk, dijo que el bloque europeo tiene que debatir el asunto de las amnistías, porque cuando se le reconoce el derecho a la permanencia en un país a un inmigrante, éste tiene el derecho a desplazarse por todos los Estados de la Unión Europea.
Por su parte, en una entrevista con el diario El País, la secretaria española de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumi, desestimó las críticas de otros miembros de la UE, que dijeron que estas medidas atraerán a más inmigrantes, y opinó que la Unión Europea carece de una política común migratoria.
"El 'efecto llamada' de nuestro país es la economía sumergida, el empleo ilegal (..) y eso es lo que este gobierno quiere romper y cortar", expresó Rumi en una entrevista reciente con Reuters.
