ASUNCIÓN.- El Presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, anunció hoy su decisión de sustituir al ministro del Interior, Nelson Mora, al subcomandante de la Policía Nacional y a otros 32 jefes policiales como derivación del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau.
El Mandatario paraguayo nombró al actual intendente (alcalde) de la sureña ciudad de Encarnación, Rogelio Benítez, como sucesor de Mora y dispuso una purga considerada "histórica" en los altos mandos policiales.
Rogelio Benítez, cuarto secretario de Estado del Interior en 18 meses de administración de Duarte Frutos, es un abogado de 40 años y sobrino de la empresaria Gilda Estela Vargas, quien permanece desaparecida tras ser secuestrada por desconocidos en agosto del 2003.
La purga en la Policía Nacional no alcanzó al comandante Carlos Zelaya pero fueron removidos además del subcomandante, el jefe de Orden y Seguridad y directores de unidades consideradas clave en la investigación del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas.
"La Policía está pasando por un momento bastante delicado y nuestra obligación es recuperar la confianza de la gente, la moral entre los miembros de la institución y la honestidad de propósitos", dijo Duarte Frutos al anunciar los cambios.
La movida general afectó a los jefes de los departamentos de Investigación de Delitos, de Inteligencia, Apoyo Técnico Logística y el de la Brigada Antisecuestro, además de las jefaturas de varias zonas policiales.
"Es un proceso de renovación de los cuadros que seguiremos impulsando en la medida que las circunstancias nos exijan", afirmó el mandatario y aseguró que "aquellos oficiales que se aferran a las prácticas torcidas al encubrimiento o la confabulación con bandas criminales no tendrán cabida en la Policía".
Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de setiembre y la Policía encontró su cadáver tras 148 días, el 16 de febrero pasado, en avanzado estado de descomposición, enterrado en el sótano de una vivienda ubicada a unos 15 kilómetros de Asunción.
El hallazgo puso en evidencia que la policía conocía desde hacía varios meses el lugar de cautiverio de la mujer y por razones que son aún investigadas, las ocultó.
Se abrió sin embargo un fuerte debate acerca de la presumible existencia de una "policía paralela", con tentáculos en la Fiscalía General del Estado, y los Poderes Legislativo y Judicial, capaz de secuestrar y presionar desde el Gobierno hasta a delincuentes.
En su mensaje a la ciudadanía, Duarte Frutos pidió a la Justicia que les "acompañe en este propósito", a jueces y fiscales "que sean consecuentes con su compromiso, con la ley y el derecho, pues aunque el Poder Ejecutivo ponga empeño si tenemos jueces o fiscales que mercantilizan o prostituyen sus funciones, el trabajo que nos espera será más difícil y complicado".
Expresó finalmente que el gobierno "dará batalla en todos los frentes a la delincuencia visible que se ha infiltrado en las instituciones públicas y a aquellos de cuello blanco que se mimetizan y compran conciencia".
La Fiscalía ha procesado hasta el momento a cinco personas por el secuestro, la mayoría vinculada con el partido izquierdista Patria Libre, y cuyo secretario general, Osmar Martínez, ha sido relacionado por las autoridades con el denominado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda.
El fiscal general del Estado, Oscar Latorre, está también cuestionado por el fracaso en la investigación del secuestro. El funcionario salvó hasta ahora tres pedidos de juicio político por mal desempeño, gracias al apoyo que le presta el gubernamental Partido Colorado.
