TORONTO.- La muerte de cuatro jóvenes policías, en una incursión policial que terminó en desastre, en un pequeño poblado del oeste del Canadá, ha sembrado la consternación en el país y replanteado el debate sobre la despenalización de la marihuana.
El drama tuvo lugar el jueves, en Rockfort Bridge, una comunidad perdida en la provincia de Alberta (sudoeste). Los policías permanecieron largas horas vigilando una granja que albergaba cultivos de marihuana, cuando fueron sorprendidos por el propietario, que disparó sobre ellos.
En la balacera, perdieron la vida cuatro jóvenes agentes, así como su matador, un hombre que tenía un frondoso prontuario en la justicia.
Los cultivos de marihuana son "una amenaza mayor y seria a nuestra sociedad... una plaga", fue la evaluación expresada el jueves por el comisario de la Gendarmería Real del Canadá (GRC, policía federal), Giuliano Zaccardelli, visiblemente afectado por la muerte de sus cuatro hombres.
Al día siguiente a la masacre,la más grande que los policías recuerdan en Canadá, la emoción cedía lugar a una encendida controversia sobre las intenciones del Gobierno de despenalizar la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.
En una actitud considerada de alto riesgo por las autoridades estadounidenses y por ciertos responsables de los cuerpos policiales canadienses, el Partido Liberal en el poder presentó al Parlamento un proyecto de ley por el cual se establece una diferencia clara entre los consumidores ocasionales de drogas blandas y las redes delictivas que las producen en la clandestinidad.
El texto propuesto prevé, por un lado, que fumar un cigarrillo de marihuana no se considere delito, sino una infracción pasible de multa de hasta 150 dólares canadienses (120 USD) y, por otro, penas más severas para los grandes productores.
La ministra de Seguridad Pública, Anne McLellan, advirtió el jueves por la noche que el Gobierno podría alterar su proyecto para tornar las penas más severas aún.
De acuerdo con la legislación actual, los que cultivan más de 50 plantas se arriesgan a un máximo de 14 años de cárcel, pero los policías querrían ver una pena mínima de por lo menos cuatro años.
En un país en el cual el cultivo de marihuana constituye una industria muy lucrativa, que rinde millones de dólares a los productores sólo en la provincia de Ontario (sur), muchos creen que las penas a que se exponen no son suficientes.
Los defensores de una política más liberal replican que la implantación de una línea dura no producirá los efectos deseados.
"La prohibición no va a funcionar, no hará sino fortalecer el círculo vicioso", estimó Blair Longley, el líder del partido pro marihuana, que fue candidato en las últimas elecciones legislativas.
Longley afirmó que el proyecto actual del Ggobierno no servirá más que para empeorar la situación, aumentando ligeramente la demanda de marihuana al reducir la producción. Como resultado, los precios van a subir y, con ellos, las ganancias de los productores clandestinos.
