MADRID.- La fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió 9 mil 138 años de cárcel por genocidio y terrorismo para el ex capitán de corbeta argentino, Adolfo Scilingo, primer ex represor de la dictadura militar (1976-83) juzgado en presencia en un tribunal extranjero.
La fiscal Dolores Delgado, en presencia de Scilingo de 58 años, hizo su petición formal tras concluir la lectura de sus conclusiones acusatorias ante el tribunal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
La condena solicitada contempla 30 años de cárcel por cada uno de los 30 asesinatos que le atribuye a Scilingo en su participación en los "vuelos de la muerte", seis años por cada uno de los 93 delitos de lesiones y 30 años por cada uno de los 255 delitos de terrorismo que provocaron la desaparición de personas.
La fiscalía dio la alternativa al tribunal de retener el delito de crímenes de lesa humanidad, en el caso de que éste entienda que los asesinatos y desapariciones no siguieron un plan preconcebido para eliminar a un grupo de la sociedad argentina por motivos políticos, ideológicos o religiosos, como afirma el ministerio público.
La fiscalía aseveró que en los crímenes de lesa humanidad rige el principio de jurisdicción universal de la justicia y de los tribunales españoles. "Todo Estado debe perseguir el genocidio", afirmó Delgado, antes de sentenciar: "Este ministerio rechaza profundamente los crímenes contra la humanidad".
Respecto de las pruebas, la fiscal aseguró que las declaraciones formuladas por el acusado en octubre de 1997 ante el juez de instrucción Baltasar Garzón, de las cuales se retractó tiempo después, son "prueba suficiente".
El ex capitán de corbeta estuvo destinado entre 1977 y 1978 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos por donde pasaron 5 mil de los 30 mil desaparecidos de la dictadura.
Los testimonios de sobrevivientes de la ESMA "coinciden con lo que nos relató Scilingo(...) pues es la verdad", sostuvo la fiscal.
Tras conocerse el pedido de condena de la fiscalía, la esposa de Scilingo, Marcela Vallés, denunció el cambio de posición de la fiscalía y se preguntó si "esta es la justicia independiente de Rodríguez Zapatero".
