BOGOTÁ.- El ex Presidente de Colombia Ernesto Samper desmintió haber recibido un soborno para impulsar una ley de extradición favorable a los jefes del Cartel de Cali, como lo denunció un fiscal de Estados Unidos.
Sin embargo, un abogado que trabajó para antiguos dirigentes del Cartel de Cali, que en su apogeo controló un 80 por ciento del mercado mundial de la cocaína, declaró que los narcotraficantes pagaron sobornos a congresistas por 15 millones de dólares.
El fiscal Paul Pérez, de la ciudad de Tampa, en el estado norteamericano de Florida, donde se procesa el caso contra el narcotraficante Joaquín Mario Valencia, anunció que presentará pruebas de que el Cartel de Cali recogió cinco millones de dólares para pagarle a Samper a fin de que respaldara la norma constitucional que prohíbe juzgar a extraditables colombianos por delitos anteriores a 1997.
"Rechazo de manera categórica y absoluta la acusación presentada en el día de ayer por un fiscal de la Florida", dijo un comunicado de Samper, quien gobernó entre 1994 y 1998 y fue acusado de haber recibido cinco millones de dólares del Cartel de Cali para financiar la campaña que lo llevó al poder.
El ex Mandatario, a quien el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa de entrada a ese país, sufrió durante su gobierno la peor crisis política en la historia reciente de Colombia por las denuncias de que narcotraficantes financiaron su campaña, pero el Congreso lo absolvió de cargos criminales.
Samper recordó que durante su administración se emprendió la cacería que permitió desmantelar el Cartel de Cali y capturar a sus máximos jefes, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, recientemente extraditados a Estados Unidos para que respondan por cargos de narcotráfico.
El fiscal Pérez, según medios de prensa de Colombia, denunció que además de Samper, la mayoría de integrantes del Congreso recibió sobornos del Cartel de Cali para aprobar una ley de extradición que no fuera retroactiva.
El fiscal aseguró que el origen irregular de la ley deja abierta la posibilidad de que los colombianos extraditados a Estados Unidos puedan ser juzgados y condenados por delitos cometidos antes de 1997.
Esa teoría permitiría que los Rodríguez Orejuela puedan ser juzgados y condenados por delitos que supuestamente cometieron antes de ese año.
Samper, un destacado líder del Partido Liberal, dijo que la norma que se aprobó en la Constitución no puede ser cambiada o ignorada por un gobierno extranjero porque "constituye una seria afrenta contra el Estado de derecho colombiano".
El abogado Gustavo Salazar, quien asesoró jurídicamente al jefe del Cartel de Cali, Helmer Herrera Buitrago, dijo que los sobornos que pagaron para aprobar la extradición sin retroactividad fueron de 15 millones de dólares.
"Se recolectaron dineros, liderados por el señor Helmer Herrera Buitrago y el señor Miguel Rodríguez Orejuela. Sí hubo sobornos, me consta, no soy pro americano, pero es absolutamente cierto, aunque saldrán los políticos a decir que es mentira", dijo Salazar a la estación la W de Caracol radio.
