BUENOS AIRES.— Entre 5.000 y 10.000 personas que debieron exiliarse durante la última dictadura militar en Argentina podrían ser beneficiarias de una indemnización, si prospera en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el gobierno.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado, prevé el pago de 74,66 pesos (25,7 dólares) por cada día de exilio en el período que va desde 1974, previo al golpe militar, y 1983, cuando retornó la democracia.
También serían beneficiarios quienes nacieron en el exilio durante el mismo lapso por la persecución que sufrieron sus padres.
"El fenómeno del exilio generó desarraigo en miles de compatriotas, la pérdida de su identidad, la interrupción violenta de todas sus actividades de la vida cotidiana. Los exiliados debieron rehacer su vida en condiciones claramente desfavorables", dijo el senador peronista y autor del proyecto, Marcelo López Arias.
Este proyecto es un eslabón más de la política de reparación histórica que impulsa el gobierno de Néstor Kirchner, en favor de las víctimas de los denominados "años de plomo". En 2003 el Congreso derogó dos leyes exculpatorias que beneficiaron a los represores. En 2004, sancionó una ley que indemniza a los nacidos durante la detención de sus madres.
El proyecto para los exiliados fue sancionado a principio de marzo en el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Pero su aprobación en Diputados parece más complicada.
Reparos
Entre los reparos que despierta la propuesta está la dificultad para cuantificar el número real de exiliados y comprobar cuántos días efectivamente vivieron en el exterior.
No existen cifras oficiales, pero se calcula de 5.000 a 10.000 la cantidad de personas que abandonaron Argentina a partir de 1974, cuando el país se desangraba por la debilidad del gobierno de Isabel Perón y la violencia de la guerrilla, que desembocaría en el golpe militar de 1976 que instaló la dictadura que se extendió hasta 1983.
Para ser compensados, los exiliados deberán acreditar certificaciones oficiales del país que concedió asilo o refugio, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) o un documento judicial.
Se estima que si el proyecto es sancionado, el Estado debería afrontar un pago promedio de 1.200 millones de pesos (414 millones de dólares).
