BOGOTA.- Las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los paramilitares de ultraderecha atraviesan una nueva crisis que amenaza con provocar una ruptura del diálogo por la negativa de los líderes de esos grupos armados ilegales a aceptar un proyecto de ley que establece cárcel, confesión y reparación a las víctimas.
"Está en estado agónico. Los días están contados de esta negociación. La hora cero la determina el Congreso de la República", advirtió el domingo el jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez.
Se trata de la más reciente crisis en medio de la compleja negociación entre el gobierno del Presidente Álvaro Uribe y las AUC, con la que se busca que la totalidad de los 20.000 combatientes paramilitares y sus jefes depongan las armas y se reintegren a la vida civil antes de que finalice este año.
De romperse la negociación, el gobierno fracasaría en su intención de desarticular una temible maquinaria de guerra acusada de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en medio del conflicto interno de más 40 años y de contar con el apoyo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas.
En el pasado los jefes paramilitares amenazaron con romper la negociación destinada para continuar su lucha contra la guerrilla izquierdista y soportar la persecución del Estado.
Báez y otros jefes paramilitares, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en el caserío de Santa Fe de Ralito, al norte de Colombia, que sirve de sede a la negociación, vestían trajes de camuflado y portaban fusiles y pistolas automáticas colgadas a la cintura.
"No queremos volver a la guerra, pero si la insensatez, la irreflexión y la irracionalidad triunfan, nuevamente a empellones nos verán los colombianos empujados hacia una confrontación armada que no la queremos", agregó.
Pero los paramilitares no dijeron específicamente qué tipo de ley quieren que apruebe el legislativo.
El nuevo amago de ruptura se produce en momentos en que el Congreso debate un proyecto de ley que debe aprobar y que establece el marco jurídico para que los paramilitares entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil.
Paramilitares rechazan ley
La iniciativa, que contempla una pena mínima de cinco años de cárcel y una máxima de ocho para los responsables de delitos atroces como asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y torturas, exige que los implicados en estos crímenes ayuden a esclarecer la verdad y a reparar a las víctimas.
Pero los jefes paramilitares consideran que ese proyecto de ley los deja en un proceso de sometimiento a la justicia y no en una negociación.
Previamente los líderes de esos escuadrones armados que surgieron en la década de 1980 con el apoyo financiero de ganaderos, hacendados, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla, criticaron el proyecto de ley al considerar excesivas las penas de cárcel.
Las AUC y el gobierno iniciaron una negociación de paz en julio de 2003 después de que esos escuadrones declararon unilateralmente, en diciembre del 2002, un cese de hostilidades que no han cumplido totalmente, según la OEA y la ONU.
Pero el complejo proceso ha permitido la desmovilización y la entrega de las armas de casi 5.000 paramilitares.
El gobierno de Uribe y el Congreso, según analistas, están bajo presión debido a que la comunidad internacional y grupos de derechos humanos temen impunidad y reclaman penas efectivas de cárcel para los paramilitares, además de que confiesen sus crímenes e indemnicen a las víctimas.
"Las autodefensas han dicho que las penas contenidas en el Congreso son muy duras y que ellos no las aceptan, la comunidad internacional dice son muy benévolas no las aceptamos, de manera que el proyecto no le sirve a nadie", dijo el senador de izquierda, Carlos Gaviria.
Por su parte, la legisladora Gina Parodi, quien apoya a Uribe, dijo que los paramilitares están presionando para que la ley les garantice que no serán extraditados.
Muchos jefes de las AUC están acusados de narcotráfico y corren el riesgo de ser extraditados a Estados Unidos.
"Este proyecto es muy beneficioso para los grupos armados al margen de la ley. Yo me imagino que toda esta pataleta (escándalo) es para incluir el tema de la extradición en este proyecto de ley", afirmó Parodi.
El Congreso de Colombia debe aprobar la controvertida ley en el transcurso de esta semana.
