QUITO.- El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, anunció este domingo que no renunciará pese a los pedidos de algunos sectores del país aunque aceptó que si fracasa en su objetivo de despolitizar la Justicia del país podría estudiar una posibilidad.
"Sólo si fracaso en mi empeño de despolitizar y despartidizar la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, estaría en la posibilidad de considerar algo de lo que ustedes me están preguntando", dijo Gutiérrez a corresponsales extranjeros con quienes se reunió esta noche en el Palacio.
Gutiérrez, un ex coronel del ejército que ganó las elecciones populares en el 2002, sostuvo que es "un perseguido" del Partido Izquierda Democrática (ID) y de lo que denominó "oligarquía corrupta", porque, según explicó, "con mi partido les estoy quitando un porcentaje de su electorado".
Gutiérrez, cuya salida del poder exigen varios sectores nacionales, expresó también que su intención es solucionar la grave crisis política y judicial que afecta al país.
El mandatario dijo que ante esa situación, el pasado viernes decidió decretar el estado de emergencia en Quito como le faculta la Constitución, en cuyo marco cesó a los 31 magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual había sido reestructurada por una mayoría legislativa afín al gobierno con una simple resolución, el 8 de diciembre pasado.
Al ser consultado por la prensa sobre qué le motivó a tomar las decisiones del viernes último, Gutiérrez respondió: "Solucionar el problema de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, el Congreso no lo podía hacer".
Al decretar el estado de emergencia, que levantó al siguiente día, Gutiérrez estimó que el Parlamento no ha resuelto el tema de la CSJ, "lo cual está generando una grave conmoción nacional y en especial en Quito, por lo que resulta imperioso obedecer el pronunciamiento de la ciudadanía, que rechaza el funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia".
La reestructuración de la CSJ generó que diversos sectores sociales, políticos y empresariales de oposición califiquen de "espurio y de facto" a ese máximo tribunal y de "dictador" a Gutiérrez, quien enfrenta permanentes protestas populares.
Pero la oposición también considera que Gutiérrez violó la Constitución al cesar a la CSJ, ante lo cual el unicameral Congreso se instaló el domingo por la tarde en sesión extraordinaria y permanente para resolver sobre la validez de la destitución de los magistrados.
"La destitución de la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso a procedimientos contrarios a los señalados en la norma fundamental, ha venido a agravar una situación ya existente de caos político y social y de incertidumbre legal", estimó la la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
"Rechazamos firmemente el maltrato a la Constitución y a la división de las funciones del poder público como abierto atentado contra las bases mismas de la democracia. Los errores y las violencias no pueden ser corregidos con otros errores y con otras violencias", agregó.
La CEE apuntó: "La situación a la que hemos llegado causa graves lesiones al bien común y puede degenerar fácilmente en la anarquía, en la dictadura y en innecesarios enfrentamientos entre hermanos de la misma nación".
La Federación Nacional de Cámaras de Comercio también consideró que Gutiérrez "ha perpetrado una nueva y grotesca violación al orden constitucional al arrogarse atribuciones que no le confiere la Carta Política del Estado".
Asimismo, exhortó a Gutiérrez a que "en aras de la restitución de la paz y el orden público, que se han visto severamente afectados debido a sus equivocadas y autoritarias decisiones, renuncie de manera inmediata como un gesto de ese amor a la Patria que tanto promulga, pero que tan poco demuestra".
