LA PAZ.- El Senado de Bolivia se apresta a iniciar el martes el debate de una ley de hidrocarburos que en los últimos meses provocó duros enfrentamientos de las fuerzas sociales con el Presidente Carlos Mesa y las trasnacionales petroleras.
El acuciante debate originó, aun antes de comenzar, el corte de una ruta y de un puente internacional por donde fluye el comercio a Argentina por pobladores que exigen que la nueva legislación tome en cuenta a Yacuiba (sur del país) como subsede de la estatal petrolera.
La protesta amenaza la producción agrícola de Santa Cruz (sudeste) que aguarda el suministro de diésel argentino para motorizar su actividad y el comercio binacional con Argentina.
La discusión del asunto amenaza también con abrir nuevos focos de conflicto si el Senado modifica una versión preliminar aprobada en marzo por la Cámara de Diputados, basada en un referendo vinculante sobre el gas, de julio de 2004.
Los diputados respaldaron una fórmula que establece 18% de regalías y 32% de impuestos no deducibles ni compensables, 14 puntos más que la actual obligación tributaria de las empresas petroleras.
La fórmula es apoyada por los sindicatos y tolerada por la principal fuerza política de oposición, el Movimiento Al Socialismo (MAS) del líder cocalero Evo Morales, que prefiere que las petroleras paguen un 50% de regalías.
El gobierno y las petroleras resisten ambos planteamientos y prefieren un régimen más favorable a las inversiones extranjeras.
De aprobarse dicha legislación, un total de 76 contratos petroleros estarían obligados a migrar al nuevo régimen tributario.
Ante el cuadro de "cierta incertidumbre", el embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, cuya influencia en el país es marcada, consideró que "es importante que haya clarificación" respecto a los 76 contratos, todavía no avalados por el Congreso tras ocho años de vigencia.
Según el precepto constitucional, los contratos requerían la refrendación del Congreso, instancia que fue ignorada por cuatro gobiernos sucesivos, hasta que el de Carlos Mesa los remitió este mes al Parlamento.
"Para nosotros los contratos son sagrados", sentenció Greenlee, para quien "el contrato es una ley entre partes, las dos partes tienen que cumplir".
Sea cual sea la versión de la ley de hidrocarburos que apruebe el Congreso -si es que la aprueba-, Mesa anunció el pasado mes que no la promulgará por considerar que se grava en exceso a las multinacionales, aunque hay voces que piensan que podría modificar su posición.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos -que reúne a 20 petroleras de Europa, Asia, Estados Unidos, Brasil y Argentina- calificó de "confiscatoria y expropiatoria" la ley aprobada en Diputados.
Según Mesa, el proyecto de ley aprobado por los diputados inviabilizará Bolivia ante la comunidad internacional.
"Si saliera así (del Congreso) esta ley (en los términos planteados por el MAS y tal cual salió de Diputados) no dura quince días y vamos a tener problemas terribles" con las petroleras, presagió hace poco el ministro del sector, Guillermo Torres.
