LA PAZ.- Una serie de protestas por diversas causas agitan el clima social en Bolivia, en momentos en que la cámara de Diputados trata la nueva ley de hidrocarburos que mantiene en vilo al país.
Una organización civil del sureño departamento de Tarija -donde se emplazan los ricos yacimientos de la segunda reserva sudamericana de gas natural-, declaró una huelga general indefinida con cortes de ruta, en demanda de que las oficinas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) -cuya administración se centraliza desde hace 70 años en La Paz- se traslade a esa región.
La medida de fuerza se mantendrá en pie en hasta que los legisladores no incorporen su demanda en la nueva legislación petrolera.
La provincia Gran Chaco, en la frontera con Paraguay y Argentina, también exige la instalación en su capital, Yacuiba, de las oficinas de la gerencia de administración y control de exportación de hidrocarburos.
A su vez, la población de Camiri, al sudeste del país, requiere el traslado de las dependencias de producción de YPFB.
El clima de enervación social se focalizaba en la capital boliviana, donde la cámara de Diputados discute la ley petrolera, en medio de un fuerte control policial sobre la Plaza de Armas y con grupos de mineros controlando una céntrica arteria. Éstos tomaron las puertas de ingreso del edificio de la Comibol, ahuyentandoban a civiles y uniformados con sonoras detonaciones de fulminantes de dinamita.
A 400 metros del lugar, un centenar de vendedores cercaron las oficinas de Tributos, en demanda del retiro de una disposición sobre el pago de impuestos a este sector, que aglutina a un millón de personas en el país.
Coincidentemente, sindicatos de salubridad hicieron colapsar los principales servicios públicos en demanda de la creación, por parte de la administración del presidente Carlos Mesa, de más puestos de trabajo.
También existe tensión en la ciudad indígena de El Alto, vecina de La Paz, donde más de un centenar de personas exigen la declaratoria de una amnistía para legalizar automóviles ingresados de contrabando desde Chile, destinados mayoritariamente al sector de transporte público.
