LA PAZ.— La nueva ley de hidrocarburos promulgada ayer por el Congreso boliviano no logró aplacar las protestas sociales y el corte de rutas se mantiene esta mañana, aunque con menos intensidad en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.
Las protestas callejeras en La Paz han disminuido, pero las juntas de vecinos de la ciudad de El Alto colindante con esta capital, que protagonizaron ruidosas manifestaciones desde el lunes, anunciaron que continuarán sus presiones sobre el gobierno y amenazan con un paro.
"El único instrumento de lucha que tenemos es salir a las calles porque la ley legaliza los contratos con las petroleras que son ilegales", dijo el concejal alteño Roberto de la Cruz.
Cientos de mineros mantienen cortadas las rutas en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba por demandas sectoriales a las que han agregado la nacionalización de los hidrocarburos y el cierre del Congreso, pero el gobierno mantiene negociaciones con el sector para superar la protesta.
A pesar de que las reglas de juego cambiaron, las empresas petroleras que operan en Bolivia anunciaron que se quedarán en este país, pero congelarán sus inversiones.
"Consideramos que esta ley tiene un carácter confiscatorio que afecta derechos reconocidos por los contratos, las leyes, la Constitución Política del estado y los convenios internacionales", indica el comunicado de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) conocido poco después de que el Congreso promulgara la norma.
Esa legislación mantiene las regalías que pagan las petroleras en 18%, pero crea un impuesto directo a la producción del 32%, con lo que la carga tributaria asciende al 50%. Por otra parte, obliga a que los contratos entre las petroleras y el Estado sean adecuados al nuevo texto legal.
