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Miles de bolivianos piden modificar Ley de Hidrocarburos

Mientras, la ciudad de El Alto inició una huelga general indefinida para forzar la nacionalización de los hidrocarburos, entre otras demandas.

23 de Mayo de 2005 | 16:21 | AFP
LA PAZ.- Las movilizaciones se multiplicaban hoy en Bolivia en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y en contra de los reclamos de autonomía de algunos departamentos, mientras los militares lanzaron una exhortación a respetar la Constitución.

Miles de personas manifestaron, en medio de incidentes, en el centro de La Paz por la recuperación del negocio del gas en favor del Estado y la unidad del país, en réplica a las demandas de autonomía regional proclamadas por los departamentos de Santa Cruz y Tarija, poseedor de ingentes riquezas gasíferas.

En la protesta se unieron sindicatos, mineros, vendedores callejeros y sectores cívicos, que incluso protagonizaron escaramuzas con la policía cerca de la Plaza de Armas, mientras que desde el sur llegaba una marcha del líder campesino Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), principal fuerza opositora en Bolivia.

En medio de un ambiente caldeado el líder radical de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, propuso la expulsión del Presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso boliviano ante su negativa de estatizar los hidrocarburos.

Solares pronunció un encendido discurso ante miles de campesinos, cocaleros, maestros, mineros y comerciantes que acudieron a una céntrica plaza de La Paz, donde los sindicatos y partidos suelen efectuar mítines.

El alto dirigente sindical reclamó: "Hemos marchado miles de veces, ¿cuándo nos hicieron caso? Esos parlamentarios corruptos nunca nos hicieron caso".

Por esa razón, en consonancia con otros oradores, como Morales, Solares ratificó un plazo de cuatro días para que los parlamentarios se restituyan al trabajo y modifiquen la ley del gas y convoquen a una Asamblea Constituyente.

La conflictiva situación política parecía ahondarse con la denuncia del ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, de la existencia de intentos golpistas de sectores radicalizados contra el acosado Presidente Carlos Mesa.

"Sí, es evidente (que hay intentos), así nos reportan nuestros organismos de inteligencia", insistió Lara, que rehusó identificar a los conspiradores.

Algunos sindicatos acusaron al presidente socialdemócrata del Congreso, Hormando Vaca Diez, de los supuestos deseos golpistas.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, contralmirante Luis Aranda, negó que la institución castrense aliente la ruptura del proceso democrático, recuperado en 1982 luego de casi dos décadas de regímenes militares.

"En el vocabulario de las Fuerzas Armadas no existe la palabra golpe", subrayó.

Morales, quien se multiplica en varios frentes, alertó también acerca de la posibilidad de un quiebre constitucional y respaldó vigorosamente la vigencia de la democracia.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), la segunda fuerza parlamentaria, Morales reconoció la importancia del capital extranjero, pero reclamó el 50% del negocio del gas para el Estado, en contraste con la posición de la COB que es la de una nacionalización a ultranza.

La zozobra en el país se agudizó desde el sábado pasado cuando la Asamblea Provisional Preautonomista (APA) de Santa Cruz aprobó la realización de un referendo para la autonomía política y administrativa para el 12 de agosto.

Un día más tarde, un Comité Cívico Pro Intereses del departamento de Tarija (sur) se sumó a Santa Cruz y anunció su decisión de celebrar también un referendo autonómico vinculante el 12 de agosto. En la misma dirección discurren organizaciones de los departamentos amazónicos de Beni (nordeste) y Pando (norte).

En medio de este clima, las Fuerzas Armadas advirtieron mediante un comunicado que no admitirán ninguna decisión que vulnere estas demandas por la vía "del diálogo y la concertación".

"Cualquier decisión que vulnere estos principios (de diálogo y concertación), por muy legítimo que pudiera ser, no será aceptada por la Institución", señaló un comunicado.

Del mismo modo "el impedir con medidas de facto el proceso constitucional de las demandas planteadas, será también observada", apuntó.

El documento alertó además que "se está generando incertidumbre en la ciudadanía y que lejos de conducir a la solución de los problemas, incrementan el riesgo de enfrentamientos entre las regiones".
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