LIMA.- El Gobierno peruano revisará hoy los cambios que hará en su estrategia para extraditar al ex presidente Alberto Fujimori, en vista de la indiferencia de Japón a las peticiones presentadas desde hace casi dos años, informaron fuentes oficiales.
El ministro de Justicia, Eduardo Salhuana, declaró al diario limeño El Comercio que se reunirá con el procurador del Estado para casos de corrupción, Antonio Maldonado; y con el canciller, Manuel Rodríguez Cuadros; para definir los casos que se llevarán a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y reclamar la extradición de Fujimori.
"Japón ha suscrito el convenio contra la tortura" y "una de las cláusulas indica que en el caso que no exista convenio de extradición (...), éste se convierte en un acuerdo de extradición", señaló Salhuana, quien recordó que su país no tiene un tratado en este sentido con el país asiático.
El ex presidente peruano (1990-2000) tiene dos peticiones de extradición cursadas por la Corte Suprema de Justicia de Perú, una de los cuales es por el secuestro y asesinato de 25 personas en dos matanzas perpetradas por el paramilitar grupo Colina en 1991 y 1992.
La segunda petición es por la indemnización de 15 millones de dólares entregada a su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en 2000, cuando el tercer periodo de Fujimori se frustró a los pocos días de asumido por un escándalo de corrupción, tras lo que se refugió en Japón. Desde entonces asegura que volverá a gobernar el país andino, a pesar de ser prófugo de la justicia local.
"Tal vez debimos tomar el toro por las astas antes y decidir más rápidamente frente a la negativa de Japón", opinó el ministro.
Sin dinero para el proceso
Sin embargo, Salhuana admitió que, de momento, tampoco hay dinero para llevar adelante el costoso proceso que significa llevar el caso al tribunal de La Haya.
El ministro informó que el Ejecutivo peruano recuperó 173 millones de dólares depositados en el extranjero por integrantes de la red mafiosa encabezada por Montesinos, pero que "todo se ha gastado" en diversas necesidades del Estado, además de los gastos de la procuraduría.
Salhuana afirmó que la reciente visita de Fujimori al consulado peruano en Tokio, para renovar su documento de identidad, "ha sido un acto político" con el objeto de vender la imagen de perseguido político.
No obstante, el funcionario apuntó que el acto ratificó la posición de Perú de que Fujimori es peruano y no japonés como asegura Tokio, en base a su doble nacionalidad.
El ministro insistió en que Fujimori no puede postular a la presidencia, como pretende en 2006, porque está inhabilitado por el Congreso hasta 2011.
