BUENOS AIRES.- La Suprema Corte de Justicia de Argentina declaró hoy inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que ampararon a violadores de los derechos humanos del último régimen militar (1976-1983).
Mientras, organizaciones sociales y políticas empezaban a concentrarse frente a los tribunales para celebrar el anuncio.
Por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, los miembros de la Corte resolvieron la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que en 1986 interrumpieron los procesos judiciales contra militares acusados de desapariciones, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
Esto implica que unos 3.000 militares, de los cuales alrededor del 10% permanece en actividad, podrían ser citados por la justicia y quedar eventualmente detenidos.
Horas antes de conocerse el veredicto, el ministro de Defensa, José Pampuro, reconoció que existe cierta inquietud en las filas militares ante la posible reactivación de causas contra ex represores.
"A título personal, algunos hombres que pueden estar involucrados en alguna situación manifiestan preocupación", dijo Pampuro a una canal de televisión y aclaró que la sensación no afecta a todas las Fuerzas Armadas.
Aunque el fallo sólo afecta a Julio Simón, un ex policía acusado de la desaparición forzada de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su pequeña hija, Claudia Poblete, sienta un precedente: las causas que en el futuro lleguen al máximo tribunal serán resueltas en consonancia con este veredicto.
En 1985 un tribunal enjuició y condenó a los jerarcas de la "guerra sucia" en la que, según grupos de derechos humanos, desaparecieron 30.000 personas.
Pero en 1986 y 1987 violentos levantamientos militares torcieron el brazo del entonces Presidente Raúl Alfonsín, que se vio obligado a impulsar la sanción de ambas normas.
La ley de Punto Final terminó con los procesos abiertos contra ex represores, en tanto la de Obediencia Debida exculpó a los cuadros menores de las Fuerzas Armadas que se habían visto obligados a cumplir órdenes.
Finalmente en 1990, el entonces Presidente Carlos Menem indultó a ex militares guerrilleros en pos de una "reconciliación nacional".
