BRUSELAS.- Los Estados miembros de la UE deben contar, a partir de hoy, con un sistema nacional de indemnización para víctimas de crímenes violentos intencionados, especialmente terrorismo, de cara a la puesta en marcha, el 1 de enero de 2006, de un esquema comunitario que se aplicará a los casos transnacionales.
El objetivo final es lograr una armonización mínima para que todos los países cuenten con un mecanismo de indemnización, aunque la directiva (ley-marco) no establece cantidades y se limita a señalar que las compensaciones deberán ser "justas y apropiadas" al daño sufrido por la víctimas.
Aunque esta idea ya fue evocada en 1999, no fue hasta después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, que los Estados miembros decidieron dar un impulso a la propuesta de la Comisión, que finalmente fue aprobada en abril de 2004, apenas un mes más tarde de los ataques del 11 de marzo en Madrid.
Este uno de julio marca el inicio de la última fase antes de la aplicación total de la directiva, según explicaron a EFE fuentes comunitarias.
Los Estados miembros -todos menos Dinamarca que sólo participa parcialmente en el Convenio de Schengen (fronteras exteriores y libre circulación)- debían presentar hasta hoy el sistema de indemnizaciones aplicado a nivel nacional.
Con los datos recibidos (aunque aún faltan algunos países), la Comisión Europea elaborará un "Manual" que será publicado en Internet y que contendrá todas las informaciones necesarias para que los países sepan los pasos a seguir en el trámite de una solicitud de indemnización.
De esta forma, a partir del uno de enero de 2006 se pondrá en marcha un sistema de cooperación que permitirá a una víctima, sea cual sea su país de origen o de residencia, optar a una indemnización si ha sufrido un crimen violento e intencionado.
La decisión sobre la concesión de la indemnización y la cantidad corresponderá al Estado en el que se haya cometido el delito.
Es decir, una persona que esté de vacaciones en un país de la UE distinto del suyo de origen o residencia y que sea víctima de un crimen violento e intencionado, podrá solicitar la compensación en el lugar en el que viva.
Las autoridades de su país de origen o residencia serán las encargadas de tramitar la solicitud ante el Estado en el que se haya cometido el delito.
Para facilitar y agilizar los trámites, la Comisión también elaborará un modelo tipo de formulario, que estará disponible en todas las lenguas oficiales de la UE.
La directiva se aplicará, en una primera fase a nivel nacional, a las víctimas de daños corporales a causa de infracciones cometidas antes del 30 de junio de 2005, y para los casos transnacionales a partir del 1 de enero de 2006, precisaron las fuentes.
Aunque una gran parte de los Estados miembros ya disponen de regímenes de indemnización, algunos no contaban con ellos -Grecia e Italia entre los antiguos Quince y 5 de los 10 países que entraron en la UE en mayo de 2004-.
Además, existen enormes divergencias entre los sistemas nacionales, con cuantías de indemnización muy variables, en función del lugar de residencia o donde se haya sufrido el delito, más que del delito en sí.
De ahí que la Comisión comience ahora el análisis de la situación en cada país para lograr una armonización a partir del próximo año.
Las indemnizaciones actuales constituyen un amplio abanico, que en algunos supuestos alcanza los 800.000 euros, por lo que el Parlamento Europeo propuso que fuera de hasta 100.000 euros, mientras que la Comisión sugirió un tope mínimo de 60.000 euros, pero los ministros no aceptaron fijar cifras.
La directiva se aplicará en los casos de crímenes cometidos en el territorio de la Unión Europea y afectará, de forma obligatoria, a los ciudadanos comunitarios, aunque cada Estado miembros podrá decidir si lo extiende a todas las personas.
Esta directiva es el primer resultado concreto de las peticiones incluidas en la Declaración de lucha contra el terrorismo aprobada en la cumbre Europea especial celebrada tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
