BRUSELAS.- La Comisión Europea ha aprobado dos nuevas propuestas para la lucha contra el terrorismo, las dos primeras tras los atentados de Londres, centradas en el control de explosivos y en el refuerzo de la cooperación policial transfronteriza.
Por un lado, una propuesta de decisión que pretende mejorar la cooperación policial de los 25, especialmente en las zonas transfronterizas, para lo que modifica el Convenio de Schengen, simplificando los trámites a seguir y ampliando los delitos para los que se posibilita esa colaboración.
Por otro lado, la Comisión ha adoptado un informe que propone medidas para garantizar una mayor seguridad en materia de explosivos, de detonadores y material que sirva para fabricar bombas o armas de fuego, según explica un comunicado del Ejecutivo.
En el caso de la coordinación policial, la Comisión trata con esta iniciativa de solucionar los problemas de las regiones fronterizas, donde los policías se enfrentan a diario con las dificultades de la coexistencia de diferentes jurisdicciones, afirma el texto.
Para ello, la Comisión propone una serie de enmiendas al Convenio de Schengen, que permitirán que los policías de un Estado miembro puedan traspasar la frontera con otro país de la UE para continuar una investigación cuando se trate de un delito castigado con un mínimo de 12 meses de cárcel.
De esta forma, se amplían las disposiciones de Schengen, que ahora limita esa colaboración policial a una lista de 14 delitos muy graves, como asesinato, homicidio, violación, incendio provocado, falsificación de moneda, secuestro o tráfico de seres humanos, drogas o explosivos.
Además, si se da una situación de urgencia, los policías podrán entrar en el territorio del país vecino sin autorización previa.
Asimismo, el Ejecutivo propone examinar la interoperabilidad de los equipos, especialmente en lo que se refiere a comunicaciones y tecnología de vigilancia, y desarrollar esquemas de entrenamiento y formación conjuntos.
La cooperación operativa debe incluir patrullas, intervenciones y operaciones de vigilancia conjuntas, lo que proporcionará la base para el establecimiento de equipos de investigación conjuntos en las regiones fronterizas.
Oficiales de enlace
Para coordinar esta tarea, el Ejecutivo propone el nombramiento de oficiales de policía de enlace de los otros Estados miembros y el establecimiento de un Comité regular que ayude a la Comisión en el desarrollo de estas labores.
Respecto a los explosivos, plantea una serie de propuestas concretas en todas las áreas relacionadas, desde la autorización para la compra de abono enriquecido con nitrato de amonio hasta la creación de una red de equipos de desminado de la UE.
Este equipo intercambiaría informaciones sobre las nuevas amenazas, principalmente las referentes a explosivos de fabricación artesanal.
También hay que mejorar las medidas de seguridad requeridas en toda la cadena de producción y aprovisionamiento de los explosivos, pero especialmente durante el almacenaje y transporte.
La Comisión propone reunir a los fabricantes y comerciantes de explosivos, Europol, el centro de situación de la UE (SitCen), los expertos nacionales de los Estados miembros, el Ejecutivo y el grupo de trabajo antiterrorista del Consejo para elaborar un plan de la UE sobre la mejora de la seguridad de explosivos y armas de fuego.
A juicio de Bruselas, la complementariedad entre las medidas privadas y la participación activa de la comunidad científica europea ’’son cruciales para garantizar el éxito de las acciones llevadas a cabo en este área’’.
Se trata igualmente de desarrollar una reglamentación de explosivos comerciales, que incluya la obligación de alertar en casos de transacciones sospechosas; el marcado de explosivos o requisitos de seguridad más estrictos para el transporte y almacenamiento.
Asimismo, el uso de medios tecnológicos para detectar y etiquetar los materiales explosivos y garantizar su seguimiento desde de su origen o aumentar el intercambio de informaciones y la asistencia en investigaciones.
Las propuestas presentadas hoy forman parte de los trabajos del Ejecutivo comunitario para desarrollar una estrategia preventiva en materia de lucha contra el terrorismo, en la que también se incluye la lucha contra la financiación del terrorismo o una estrategia sobre radicalización violenta y el reclutamiento para actividades terroristas.
