LIMA.- El embajador de Estados Unidos en Lima, James Curtis Struble, aseguró el sábado que la justicia peruana pretende "chantajear" al gigante General Electric con una orden internacional de detención de los miembros de la plana mayor de su casa matriz en Estados Unidos, que son acusados de estafa.
El diplomático señaló que en este caso "no se ha respetado el debido proceso", y que se ha involucrado a los ejecutivos de mayor rango de la compañía sin que estén ligados al tema, en declaraciones a medios locales.
"La información que tiene mi gobierno es que ha habido una falta de debido proceso aquí", declaró el diplomático norteamericano a la radioemisora RPP.
"Lo que han hecho es intentar conseguir una orden de detención contra los ejecutivos de más alto rango de General Electric para chantajear a la compañía e intentar forzarla a pagar al demandante peruano para que no insista en el caso", añadió.
La contienda judicial se inició en 2001 cuando el empresario peruano Guillermo Gonzales, acusó a los más altos ejecutivos de General Electric de haberlo estafado con unos 10 millones de dólares en la década pasada.
El embajador recalcó que el caso ya ha sido absuelto en cortes de Estados Unidos y Perú, donde se "declaró infundadas las acusaciones de fraude contra General Electric", declaró al canal N, de noticias por cable.
En ese sentido, mostró su extrañeza por la reciente decisión de la corte que no establece una razón para tomar esta acción.
El diplomático hizo notar "que mucha de la gente en la lista no tuvo nada que ver con el contencioso sujeto de esta queja".
El caso saltó a la prensa el viernes cuando -para sorpresa general- el 25 Juzgado penal de Lima lanzó un mandato de detención internacional contra 23 directivos de General Electric.
Entre los ejecutivos requeridos figuran su ex presidente Jack Welch, entre 19 estadounidenses, dos brasileños y dos chilenos.
Para proceder a esta decisión, el juez César Herrera alegó que la plana mayor de la corporación ignoró desde el 2001 las citaciones judiciales para esclarecer el presunto delito, según la Corte Superior de Lima.
La demanda del empresario peruano indica que su compañía Latin America Imports, que trabajaba con General Electric "fue inducida a invertir en Perú en vano cerca de 10 millones de dólares bajo la promesa de ampliar negocios".
La sucursal peruana de General Electric niega las imputaciones y expresó el viernes "su indignación y más enérgico rechazo" por la decisión judicial.
