MANILA.- El Comité de Justicia del Congreso de Filipinas aprobó hoy un proceso de destitución de la presidenta de la nación, Gloria Macapagal Arroyo, por supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2004.
La votación, que se celebró con el boicoteo de la oposición, arrojó 48 sufragios a favor, cuatro en contra y una abstención.
Los diputados de la oposición abandonaron ayer, martes, sus asientos en esta comisión en protesta porque la presidencia les denegara la palabra, diera por concluidos los debates y ordenara votar por uno de los tres procedimientos de destitución que se presentaron.
El documento aceptado a trámite hoy lo interpuso el abogado Oliver Lozano a finales de junio y deja fuera de concurso, al menos por un año, al redactado por la oposición política y entregado al Congreso el 25 de julio.
La Constitución filipina, de 1987, establece que un funcionario sólo puede afrontar un proceso de destitución cada doce meses.
El Comité de Justicia deberá decidir ahora si la reclamación de Lozano es suficiente en su forma y contenido para que se vote en sesión plenaria en la Cámara Baja.
Aprobado en el Congreso, el proceso de destitución se traslada al Senado en forma de juicio.
La ex ministra filipina Corazón Soliman denunció la víspera en una rueda de prensa en Manila que Lozano es un ’’hombre de paja’’ del Gobierno para anular el procedimiento de destitución de la oposición.
Soliman ocupó la cartera de Bienestar Social hasta el 8 de julio pasado cuando, con un tercio del Gabinete, renunció y se pasó a las filas de los que pedían la dimisión de Macapagal Arroyo.
Las revelaciones hechas ayer por Soliman y los otros ’’ministros rebeldes’’ han reavivado la crisis política en Filipinas.
La oposición se distanció del proceso de incapacitación que se tramita en el Congreso y afirmó que su principal objetivo es ahora conseguir el apoyo parlamentario suficiente, 79 escaños, para que se apruebe su propio texto.
El respaldo de esos 79 diputados permite, según la Carta Magna, iniciar directamente un juicio en el Senado, siempre que no se haya aprobado otro recurso de igual naturaleza contra el mismo funcionario.
El diputado Edmund Reyes declaró a la prensa que sólo necesitan seis votos más para alcanzar los 79.
Precisó que tienen 50 firmas seguras y la promesa de otros 23 diputados.
La presidenta filipina atraviesa el momento más delicado de su mandato, con bajos índices de aceptación popular y graves acusaciones de sus enemigos de amañar las elecciones del 2004 y de permitir que miembros de su familia cobren comisiones del juego ilegal y realicen otras prácticas corruptas.
Macapagal Arroyo ha defendido su inocencia y ha prometido que se someterá al proceso de destitución.
En este contexto conflictivo con telón de fondo los estragos que causa en la economía filipina el elevado precio del barril de crudo, el asesor en Seguridad Nacional de la presidencia, Norberto Gonzales, introdujo hoy la amenaza terrorista con armas de destrucción masiva.
’’Existe un movimiento en el nivel de modernización del terrorismo aquí en Filipinas (...). El siguiente paso será el uso de armas de destrucción masiva y biológicas en los atentados’’, afirmó Gonzales.
’’No digo esto en plan teórico. Estamos recibiendo información sobre ello’’, agregó Gonzales, y expresó su esperanza de que ’’no ocurra en el futuro inmediato’’.
El asesor subrayó la necesidad de dar la alerta en este asunto para evitar que la batalla política distraiga la atención sobre otros problemas.
La oposición interpretó esta supuesta amenaza terrorista como otra maniobra de Macapagal Arroyo para librarse de la presión política y eludir lo que el pueblo quiere, que se vaya.
’’Nuestra paciencia se ha agotado y no hay marcha atrás desde aquí. La revuelta popular es el único recurso que nos queda’’, afirmó la secretaria general de Anakbayan, Eleanor de Guzmán, uno de los grupos civiles que pide un cambio de liderazgo en Filipinas.
