MOSCÚ.- El "Gran Hermano" se convertirá en una amenaza real para los burócratas en Rusia si se hacen realidad las propuestas de instalar cámaras de televisión en los despachos donde se toman decisiones, como parte de un programa de medidas para combatir la corrupción.
Según un proyecto de reforma administrativa elaborado por el ministerio ruso de Desarrollo Económico y Comercio, entre las innovaciones que se pretenden introducir se encuentra la prohibición a los funcionarios de reunirse con los clientes de los servicios del Estado fuera de "los lugares establecidos".
Dichos despachos serán equipados con cámaras de televisión para controlar los contactos de los funcionarios.
"Los burócratas y hombres de negocios dudan mucho de que el soborno que se pagará por la adquisición de las cámaras de vigilancia sea el último en las estructuras del Estado", apostilló con mordacidad el diario financiero "Védomosti" al comentar la iniciativa.
El presidente de la Unión de Empresarios e Industriales de Rusia, Arkadi Volski, calificó la idea de "febril", y opinó que, si se pone en práctica, los hombres de negocios tendrán que sobornar no sólo a los burócratas sino también a quienes les vigilarán con las cámaras.
Uno de los autores del proyecto de reforma administrativa, Mijail Dmitriev, explicó que no se trata de implantar un sistema de vigilancia total sobre el aparato burocrático, sino de centrar la atención en las "zonas de mayor riesgo", como agencias tributarias, aduanas, compras estatales y gestión de bienes del Estado.
"Estamos frente a una respuesta desacertada a un problema real", comentó Miklos Marschall, director regional para Europa y Asia central de la organización Transparencia Internacional, que en 2005 situó a Rusia en nonagésimo quinto lugar entre 145 países, con niveles de corrupción similares a los de Malawi y Mozambique.
Según Marschall, de aplicarse la medida "las decisiones se adoptarán fuera de las oficinas, y en los despachos vigilados se pondrán en escena verdaderas pieza de teatro para las cámaras".
Hace cinco años que el Kremlin anunció el comienzo de una reforma de la administración pública, pero su resultados han sido tan magros que en su mensaje anual a la nación de este año, en abril, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó acusaciones sin precedentes contra la burocracia.
El jefe del Estado acusó a los funcionarios de conformar una "casta cerrada y soberbia que ve en el servicio público una variedad de negocio".
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, Rusia se encuentra entre los últimos de 209 países por el nivel de calidad de la gestión de administración pública.
Una encuesta de la fundación de estudios sociológicos Opinión Pública, próximo al Kremlin, señala que el 71 por ciento de los rusos evalúa negativamente la labor de los funcionarios públicos.
Esta opinión es compartida por autores del proyecto de reforma, que concluyeron que "el sector de la administración pública se ha convertido en un factor que restringe el desarrollo exitoso del país y el aprovechamiento de todo su potencial".
Los niveles de corrupción en Rusia se han multiplicado por diez en los últimos cuatro años, según un reciente estudio del centro sociológico INDEM, que dirige Gueorgui Satárov, ex asesor de Boris Yeltsin, presidente ruso entre 1991 y 1999.
La cifra de la corrupción ascendió a 316.000 millones de dólares, cuando en 2001 se calculaba en 33.500 millones.
El 90 por ciento de este dinero va a parar, según el estudio, a los bolsillos de los burócratas del Ejecutivo, mientras el restante 10 por ciento se lo embolsan los funcionarios judiciales.
"La corrupción y el abuso de poder se dan en todos los estamentos de la actividad pública", afirmó el fiscal general de Rusia, Vladímir Ustínov, al resumir la magnitud de esos problemas en una comparecencia ante el Parlamento.
