WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos pidió a un tribunal de Texas que otorgue inmunidad al Papa Benedicto XVI en una demanda que lo acusa de conspirar para encubrir el abuso sexual de tres niños por parte de un seminarista colombiano, indicaron documentos judiciales.
El subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Peter Keisler, dijo en un expediente presentado ayer, que como jefe de Estado del Vaticano, Benedicto XVI disfruta de inmunidad y señaló que permitir que continúe la demanda sería "incompatible con los intereses de política exterior de Estados Unidos".
El ex cardenal Joseph Ratzinger fue mencionado en una demanda presentada por tres muchachos que acusan a Juan Carlos Patiño Arango, un seminarista de origen colombiano asignado a la iglesia San Franciso de Sales, de Houston, de haber abusado sexualmente de ellos durante sesiones de orientación psicopedagógica en la iglesia, a mediados de la década de los noventa.
De momento el juez que lleva el caso, Lee Rosenthal, no se ha pronunciado. Sin embargo, la Corte Suprema ha señalado que los tribunales de Estados Unidos están obligados a acatar esas "sugerencias de inmunidad" presentadas por el gobierno, indicó el documento firmado por Keisler.
Una demanda presentada en 1994 contra el anterior Papa Juan Pablo II, también en Texas, fue desechada luego que el gobierno de Estados Unidos presentó una moción similar.
Trascendió que la embajada de la Santa Sede en Washington había pedido a la Casa Blanca que emitiera su sugerencia de inmunidad, e hiciera todo lo posible para que el caso fuese desestimado.
Patiño Arango fue acusado de abuso sexual en el condado de Harris, Texas, y es un prófugo de la justicia.
La acusación
En la demanda se alega que Ratzinger, quien encabezó la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano antes de ser designado Papa, estuvo involucrado en una conspiración para ocultar los crímenes de Patiño Arango y ayudarlo a eludir la acción de la justicia.
La acción judicial cita una carta de Ratzinger, del 18 de mayo del 2001, escrita en latín a obispos de todo el mundo, explicando que crímenes "graves" tales como el abuso sexual de menores deben ser manejados por su congregación y que las actas de tribunales especiales de la iglesia que se encargan de los casos deben estar sometidas al "secreto pontificio".
Daniel Shea, abogado de uno de los tres demandantes, ha señalado que el secreto en esos casos representa una conspiración para encubrir delitos.
