Roberts consiguió el apoyo de más de tres cuartas partes del Senado. |
WASHINGTON.- El juez conservador John Roberts logró la confirmación definitiva del pleno del Senado como el 17º presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que constituye un triunfo para el Mandatario George W. Bush, que propuso al magistrado para el cargo.
Por 78 votos a favor y 22 en contra -todos de la oposición demócrata-, Roberts consiguió el apoyo de más de tres cuartas partes de los 100 miembros del Senado, una cifra mayor de la prevista.
Se prevé que la investidura de Roberts como presidente de la Corte Suprema se lleve a cabo en la Casa Blanca en las próximas horas, de manera que éste pueda presidir la sesión 2005-2006 del máximo tribunal, que comienza el próximo lunes 3 de octubre.
En el próximo período de trabajo, la Suprema tiene previsto analizar casos relacionados con el aborto, la eutanasia, la financiación de campañas electorales y otros temas sociales y políticos sobre los que Roberts no quiso pronunciarse directamente durante más de 20 horas de escrutinio.
Roberts, de 50 años, reemplaza en el cargo a William Rehnquist, quien falleció el pasado día 4 de septiembre, víctima de un cáncer de tiroides.
La confirmación de Roberts, un juez de un tribunal federal de Apelaciones en Washington, estaba casi asegurada, ya que los republicanos dominan en la Cámara Alta con 55 escaños.
Reacciones
Durante una rueda de prensa, el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, acompañado de otros líderes republicanos, elogiaron la figura y trayectoria de Roberts.
Specter dijo confiar en que, tal como lo prometió durante el proceso de confirmación, el juez Roberts logrará un mayor consenso en la Suprema, dividida en torno a diversos asuntos sociales y políticos de gran envergadura para la vida nacional.
Pero el grupo liberal "People for the American Way", entre otros, dijo que la confirmación de Roberts en el cargo vitalicio resulta "decepcionante" porque, a su juicio, el juez no ha demostrado un "compromiso básico" con la defensa de los derechos constitucionales y demás protecciones legales de los estadounidenses.
