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Londres busca consenso por ley antiterrorista

La propuesta fue rechazada la semana pasada por una mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes.

05 de Noviembre de 2005 | 09:41 | ANSA
LONDRES.- El gobierno de Gran Bretaña busca alcanzar un consenso parlamentario para avanzar con su propuesta de ley antiterrorista, rechazada la semana pasada por mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes.

El ministro del Interior británico, Charles Clarke, comenzó a consultar con diputados conservadores y liberales-democráticos para enmendar el proyecto legislativo antiterrorista, que busca extender de 14 a 90 días el período máximo de detención de sospechosos sin cargo.

Esa ley también quiere crear nuevos delitos, como aquellos contra la incitación y glorificación de actos terroristas, como también por el uso de escuchas telefónicas en casos judiciales por terrorismo.

Clarke prometió que dialogará con sus pares en el Parlamento, para llegar a un consenso y aprobar la ley, que en caso de conseguir la mayoría de votos entre diputados pasará a la Cámara de los Lores para ser debatida en detalle.

Por su parte, el primer ministro británico, Tony Blair, declaró que la extensión a 90 días por la detención de sospechosos sin cargo "fue un pedido expreso de la Policía", que ha requerido esos poderes en el marco de su llamada lucha contra el terrorismo.

La nueva ley se creó tras los atentados de julio pasado al sistema de transporte de Londres, en los que murieron 56 personas, entre ellos los cuatro suicidas.

Clarke informó que se reunirá este lunes con el ministro del Interior en la oposición, el conservador David Davis y con el portavoz de asuntos de Interior de los liberales-democráticos, Mark Oaten, para alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de ley.

Ayer, la oposición llamó al funcionario laborista a publicar los consejos del Fiscal General, el lord Peter Goldsmith, que en un principio había expresado reservas sobre la ley y a último momento cambió de parecer.

La medida es también opuesta por grupos de derechos civiles y humanos, quienes consideran "draconiana e ilegal" la propuesta del gobierno.
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