BAGDAD.- La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Irak (UNAMI) denunció hoy que la población civil en Irak sigue siendo víctima de la violencia originada por la proliferación de milicias y grupos criminales o terroristas, que hace que en muchas regiones no haya ley ni orden.
En un informe sobre la situación de los derechos humanos en los meses de septiembre y octubre, la ONU asegura que "muchas zonas en Irak siguen padeciendo el derrumbe general de la ley y el orden, caracterizado por el uso de la violencia a través del país".
La ONU pone de manifiesto que "centenas de civiles han perdido la vida o han sido heridos por ataques terroristas, asesinatos selectivos o ejecuciones extrajudiciales".
También denuncia que las "operaciones de seguridad masivas" realizadas por la policía y las fuerzas especiales iraquíes "siguen ignorando" las instrucciones que dio el Ministerio del Interior el pasado 25 de agosto para respetar los derechos de las personas durante las mismas.
El informe estima también que los reiterados ataques de grupos armados contra civiles y mezquitas "acrecientan los temores de que las relaciones entre las comunidades degeneren en miedo, odio y venganza".
La ONU considera que las operaciones militares actuales, en particular las que se realizan en el oeste y en el norte del país, "tienen un efecto devastador en la población civil" y "contribuyen a provocar el desplazamiento y el sufrimiento de miles de familias".
Para la UNAMI, "la proliferación de milicias y organizaciones criminales y terroristas que actúan impunemente supone un gran desafío". "Es sumamente preocupante que algunos de estos crímenes los cometan individuos que llevan uniforme de la policía o del ejército y que utilizan equipos de la policía o del ejército", precisa el informe.
La ONU subraya que "el gran número de personas detenidas en el país sigue siendo objeto de preocupación".
Fuentes oficiales iraquíes han indicado que en octubre estaban detenidas en Irak 18.000 personas.
"Es urgente encontrar una solución al problema de detenciones de larga duración por razones de seguridad, sin control judicial apropiado", prosigue el informe que señala que "el Ministerio del Interior sigue manteniendo en la cárcel a centenas de personas a pesar de las decisiones judiciales que exigen su liberación.