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Gobierno uruguayo no analiza anular amnistía a militares

El vicepresidente de la república, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que no es el momento para evaluar una eventual anulación de la ley.

13 de Diciembre de 2005 | 22:22 | Orbe
MONTEVIDEO.- El gobierno uruguayo no analiza en este momento la anulación de la ley de amnistía, que impide que los militares que participaron en la represión a los opositores a la dictadura (1973-1985) sean juzgados por la justicia.

La ley fue avalada por un referéndum popular en 1989, cuando fue impugnada por el entonces partido opositor de centroizquierda Frente Amplio, que ahora está en el gobierno nacional.

El vicepresidente de la república, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que no es el momento para evaluar una eventual anulación de la ley de amnistía debido a los avances en el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos durante el régimen militar. En las últimas semanas se encontraron dos esqueletos humanos, presumiblemente de opositores al régimen de facto, en un predio privado y una unidad del ejército en las afueras de Montevideo.

Se estima que habría unos 40 detenidos desaparecidos en Uruguay a manos de la dictadura y unos 200 uruguayos que desaparecieron en Argentina, en el marco de la cooperación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, sostuvo por su parte que la posibilidad de anular la ley no está siendo analizada por el gobierno.

En el Parlamento, un senador oficialista propuso una ley interpretativa de la ley de caducidad que declararía la desaparición de personas como un delito permanente, hasta que se encuentre el cuerpo de la víctima.

La central única de trabajadores, el PIT-CNT, así como otras organizaciones que trabajan en el tema de los derechos humanos, exigen la anulación de la ley de caducidad al entender que no permite el enjuiciamiento de criminales.

El gobierno, emprendió -desde su asunción en marzo- la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, que está amparada en la ley de caducidad, y hasta el momento no parece interesado en derogar la ley de caducidad. Sólo ha excluido de esa ley una decena de casos, de los cuales los más emblemáticos son los asesinatos de dos legisladores uruguayos en Buenos Aires en 1976, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.