BAGDAD.- El proceso de Saddam Hussein y de sus lugartenientes por la matanza de 148 aldeanos chiítas podría terminar en junio si las interrupciones de las audiencias son reducidas al mínimo, según un asesor jurídico estadounidense ante el Alto Tribunal Penal iraquí.
El depuesto dictador podría entonces responder a nuevas acusaciones de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, comenzando por la sangrienta campaña de represión contra los kurdos en 1987 y 1988, explicó Kevin Dooley, responsable de la Oficina de Enlace con el tribunal.
"Una inculpación en ese sentido debería tener lugar en los dos meses próximos, pero un nuevo proceso sólo podría comenzar después del veredicto en el caso de Dujail", precisó Dooley.
Kevin Dooley, un procurador norteamericano, dirige en Bagdad la Oficina de Enlace sobre los crímenes del régimen derrocado. Se trata de un organismo de expertos jurídicos instaurado en mayo de 2004 para asistir y asesorar al Alto Tribunal Penal iraquí.
Saddam Hussein y siete coacusados son juzgados desde el 19 de octubre de 2005 por la muerte de 148 personas durante la represión lanzada en la aldea chiíta de Dujail, después de un ataque contra un convoy presidencial en 1982.
Los próximos pasos
Durante las próximas audiencias, a partir del 24 de enero, se presentarán nuevos testimonios, así como pruebas escritas de la responsabilidad de los acusados.
"Luego el proceso será suspendido para permitir que los tres jueces que presiden el tribunal elaboren un acta de acusación precisa contra cada uno de los ocho acusados, lo que debería tomar algunas semanas", dijo Dooley.
Después, el tribunal se reunirá para escuchar los alegatos de la acusación y de la defensa, antes de una nueva interrupción, que precederá al anuncio del veredicto.
"Si se puede disminuir la duración de las interrupciones de audiencia y evitar perder tiempo, podemos esperar que el proceso termine en mayo o en junio. Si se acumulan las demoras, eso podría llevarnos hasta julio", afirmó.
Si Saddam Hussein y sus lugartenientes son considerados culpables, corren el peligro de ser condenados a la pena de muerte, pero según la ley iraquí pueden presentar una apelación.
Si se confirma la pena de muerte en apelación, la misma debe ser aplicada en un plazo de 30 días. Pero la duración de la apelación podría ser prolongada para permitir que el derrocado presidente responda de otros presuntos crímenes.
"El tribunal inició la búsqueda de pruebas de culpabilidad, en primer lugar en la campaña 'Anfal' contra los kurdos, y luego en la represión del levantamiento chiíta en marzo de 1991, en la deportación de los habitantes de las zonas pantanosas del sur del país y por la invasión de Kuwait", afirmó Dooley.
La acusación ya interrogó a miles de testigos y está examinando millones de documentos incautados después de la caída de Bagdad, en abril de 2003.
