BOGOTA.- El atentado contra un locutor radial y amenazas que han llevado al exilio a cinco periodistas en las primeras semanas del 2006 parecen ser parte de una campaña para evitar que medios colombianos informen sobre narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo y corrupción, denunciaron hoy organizaciones de prensa.
La situación más grave se vive en Montería, capital del departamento de Córdoba (un enclave paramilitar), donde el periodista Gustavo Rojas permanece en estado de coma tras haber sido baleado el sábado pasado.
Otro periodista de la misma ciudad, Antonio Sánchez, denunció hoy que tuvo que abandonar Montería por amenazas contra su vida, en momentos en que realizaba una investigación por corrupción que, según él, involucra a varias personalidades de la región.
"En diciembre hubo unas amenazas a varios periodistas, en las que me incluían a mí y a dos colegas del diario El Tiempo de Bogotá, nosotros le comunicamos eso a las autoridades, pero nos pidieron un tiempo para investigar", declaró.
Sánchez denunció que se encontraba "trabajando en una investigación sobre un problema de tierras que involucra a muchas personalidades de Córdoba. Un problema de más de 1.000 millones de pesos (unos 440.000 dólares)".
El nombre de Sánchez se sumó a los de otros cuatro periodistas que han tenido que salir de sus ciudades en las últimas semanas.
El lunes pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) indicó que la periodista Olga Cecilia Vega, de 42 años, tuvo que abandonar la ciudad de Florencia (sur), presionada por mensajes de desconocidos que la tildaron de subversiva y amenazaron con matarla.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó, el pasado 26 de enero, su preocupación "por el clima de intimidación y amenazas que afecta el ejercicio periodístico en Colombia".
La FLIP reveló en su informe anual que dos periodistas colombianos fueron asesinados y 69 recibieron amenazas en 2005, uno fue secuestrado y seis medios de comunicación fueron objeto de atentados.
