LIMA.- Casi toda la cúpula de la agrupación armada Sendero Luminoso saldría en libertad a partir de marzo ante la lentitud con que avanza el mega juicio contra ellos y su líder histórico Abimael Guzmán.
Este escenario quedó abierto debido a que en marzo se cumple el plazo de 36 meses de prisión sin sentencia que otorgó en el 2003 el Tribunal Constitucional para los 12 miembros de la cúpula.
Si bien la posibilidad de que Guzmán y la número dos de Sendero, su compañera sentimental Elena Iparrraguirre, se beneficien de esta eventual medida ha sido descartada debido a que se les agregó un nuevo juicio en 2005, es muy probable de que al menos 10 miembros del estado mayor de Guzmán apliquen a la solicitud de libertad.
Así lo confirmó una fuente judicial peruana, que requirió el anonimato.
El coronel en retiro Benedicto Jiménez, ex jefe del equipo de inteligencia policial que atrapó a Guzmán, y que es testigo en el proceso, confirmó a la agencia AFP sus temores de que se produzca esta situación.
"Sería un peligro que ello ocurra. El juicio se ha dilatado mucho como parte de la estrategia de los abogados de Sendero Luminoso por politizar el proceso y aprovechar estos vacíos de la legislación", dijo Jiménez.
Las autoridades judiciales evalúan si optan por el arresto domiciliario o si prolongan a 72 meses el plazo, una alternativa que, sin embargo, podría afectar la credibilidad del proceso y ser puesta en tela de juicio por la defensa, y que es objeto de debate sobre su legalidad en este caso.
El objetivo de la Justicia peruana es revestir de credibilidad internacional al juicio para evitar que la defensa del líder senderista acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que no se respetó el debido proceso, señalaron a la AFP fuentes ligadas al proceso.
La lentitud con la que se desarrollan las sesiones ha sido criticada por la prensa local, que le reprocha al juez sus métodos y una supuesta falta de firmeza para impulsar el juicio a otro ritmo.
La defensa de Guzmán ha rechazado las imputaciones de la fiscalía y de la procuraduría de que su estrategia es llevar a la anulación del juicio a través de maniobras dilatorias.
La cúpula de Sendero aceptó desde el inicio del juicio su responsabilidad en las acusaciones en su contra, pero sostiene que sus acciones se produjeron en el contexto de una guerra interna y como parte de un enfrentamiento militar entre dos fuerzas en pugna.
Guzmán y su estado mayor son juzgados por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1980 y el 2000. El conflicto dejó unos 70.000 muertos. Fue el más cruento de la historia peruana.
