BRUSELAS.- La Comisión Europea propuso a los 25 Estados miembros del bloque una lista de once países considerados "seguros" y de los cuales no se deberían aceptar demandas de asilo en la Unión Europea, entre ellos Costa Rica, Chile y Uruguay.
La lista fue presentada por el comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, a los ministros de Justicia e Interior de los 25 reunidos en Bruselas y está integrada además por Benín, Botswana, Cabo Verde, Ghana, Malí, Mauricio, Senegal y Tanzania, según señalaron fuentes europeas.
"No quiero anticipar la lista porque es una cuestión muy sensible", afirmó sin embargo el comisario Frattini en una conferencia de prensa al final de la reunión que se llevó acabo en Bruselas.
En ese sentido, el comisario explicó que la lista definitiva de "países seguros" podría ser confeccionada a partir del 8 de marzo y eventualmente discutida para su aprobación en el próximo Consejo de ministros de Justicia e interior europeos, en abril próximo en Luxemburgo.
"No me gustaría que hubiese rigidez en esta lista. Quiero flexibilidad. Y por ello creo que podríamos incluir algunos países en caso de necesidad", continuó Frattini.
Durante una reunión en enero pasado en Viena, el ministro francés del Interior, Nicolás Sarkozy, reflotó la idea de crear una lista de países considerados como "seguros" por la UE para definir claramente el límite entre un pedido de asilo y un intento de inmigración clandestina.
"Si Europa es una gran proyecto político, entonces nuestra apreciación de los derechos humanos en otros lugares debe ser el mismo", había dicho Sarkozy.
Sin embargo, los 25 tienen muchos problemas para ponerse de acuerdo sobre los criterios que deben tomarse en cuenta para confeccionar la lista, así como también sobre los países que deberían estar incluidos.
En diciembre pasado, los ministros europeos del Interior aprobaron un texto sobre el otorgamiento del estatuto de refugiado en la UE, cerrando la primera fase del establecimiento de un régimen de asilo común para todo el bloque.
Este texto era el último a adoptar para terminar de lograr una armonización mínima del régimen de asilo, que tiende a evitar que sus demandantes no se desplacen dentro de la UE hacia los países que ofrecen las condiciones más favorables en esa cuestión.
