QUITO.- El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, expresó el miércoles que siente "amenazada" su frágil estabilidad por una protesta indígena contra el TLC con Estados Unidos que incluyó bloqueos de carreteras y choques con la fuerza pública, y precipitó la renuncia del ministro del Interior.
"Se ha reactivado la criminal demolición de nuestras instituciones fundamentales", alertó Palacio en un mensaje dirigido a la nación, poco después de que su ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dispuso del empleo de la fuerza para controlar las manifestaciones que mantienen bloqueadas las vías de 10 de las 22 provincias.
"La firma o no del TLC no puede ser motivo para desestabilizar el país. Ello hace de las protestas un conflicto interno sin solución que fragmenta gravemente a nuestra nación", sostuvo Palacio.
Ante el levantamiento que se inició hace tres días dejando siete heridos y 16 detenidos, Palacio informó en un principio a los poderes Legislativo y Judicial sobre "la amenaza que se cierne sobre la institucionalidad".
"Se está fomentando un ambiente de caos que puede ser terreno propicio para nuevas rupturas constitucionales", insistió Palacio, al reparar en los "pretextos y motivos reales" de la movilización contra un Tratado de Libre Comercio (TLC) y la permanencia de la petrolera Oxy, acusada de violentar la ley interna.
"Las exigencias contra el TLC y la Oxy son claras consignas políticas y no existe ninguna explicación para sus efervescencias", enfatizó, al tiempo que aclaró que su gobierno aún no ha culminado las negociaciones, cuya última ronda está prevista para el 23 de marzo en Washington.
Entretanto, el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, afirmó: "El país está en una verdadera convulsión, está en una situación muy crítica, vamos camino a la anarquía y probablemente a la disolución".
El gobierno se acercó el miércoles a los indígenas en una gestión que coincidió con la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Castillo, un ex comunista que adujo desacuerdos con el manejo oficial de las manifestaciones de los sectores sociales.
"Lamentablemente, hay quienes todavía creen que los fusiles son la mejor forma de resolver la situación", declaró a la AFP el funcionario, cuya dimisión "verbal" fue aceptada por el presidente Alfredo Palacio, según Rigoberto Medina, portavoz del Ministerio.
Castillo, el tercer ministro de Interior que deja sus funciones en once meses de gobierno, consideró en su momento legítimos los reclamos sociales defendiendo siempre el diálogo, en contraste con otros miembros del gabinete opuestos a una salida bajo presión y partidarios del uso de la fuerza.
Horas antes de la renuncia, su viceministro (y posible sucesor) Felipe Vega sostuvo un diálogo con los nativos en uno de los escenarios del levantamiento, tras lo cual dijo que el Ejecutivo dará respuesta a sus inquietudes.
Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), afirmó: "Nosotros no nos cerramos al diálogo".
"Si es que Palacio no tiene la voluntad de hablar con el pueblo; si no está en la voluntad de consultar el TLC, nosotros le estamos diciendo que como él ha dicho que se quiere ir a la casa, ése es el mejor camino", añadió.
La Conaie y otros sectores sociales, que también ocupan la catedral de Quito y recibieron el apoyo de estudiantes que protagonizan disturbios en la capital, también reclaman a Palacio que convoque una consulta popular para decidir sobre el TLC.
"La protesta se está radicalizando con una mayor participación de las bases", dijo a la AFP el vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, y enfatizó que la medida "se mantendrá hasta el retiro de las negociaciones del TLC por ser perjudicial".
Según de la Cruz, unos mil aborígenes y labriegos que partieron desde la amazónica el Puyo marchan hacia Quito, avanzando unos 80 km hasta Ambato (110 km al sur).
Además de la rebelión indígena, los pobladores y organismos de las provincias de Tungurahua y Pastaza realizan una huelga indefinida desde el martes para exigir recursos al gobierno.
Un levantamiento indígena provocó la caída del ex presidente Jamil Mahuad, en enero de 2000. Los nativos también presionaron para la destitución del ex mandatario Abdalá Bucaram, en febrero de 1997.
