PARIS. — La Asamblea Nacional aprobó hoy un plan de empleo para jóvenes en reemplazo de una cláusula de la ley laboral que el gobierno debió derogar luego de semanas de manifestaciones y huelgas ciudadanas.
Los sindicatos, cuya movilización obligó al presidente Jacques Chirac a derogar la medida el lunes, han dicho que permanecerán en alerta hasta que se apruebe el plan con la nueva modificación.
La cámara baja aprobó por 151 votos a 93 el plan, que ahora va al Senado, en un segundo trámite en busca de la aprobación.
"La juventud debería poder regresar a clase y prepararse para los exámenes", dijo Chirac en una reunión de gobierno, y pidió el regreso al "orden" después de semanas de protestas, con cierres de universidades y liceos en todo el país.
El plan, elaborado en colaboración con los sindicatos y el partido oficialista UMP, incluye programas de capacitación y pasantías para jóvenes postergados en lugar del contrato de primer empleo, que hubiera permitido el despido sin causa de trabajadores menores de 26 años durante los dos primeros años.
Las cuatro medidas fueron aprobadas rápidamente en la cámara baja, dominada por la UMP. El Senado tal vez no las aborde hasta volver del receso en mayo.
Tanto el contrato derogado como el nuevo plan eran cláusulas de una ley más amplia, que aún sigue vigente.
Nueva ley incluye capacitación a los trabajadores jóvenes
El promotor de la cláusula derogada, el primer ministro Dominique de Villepin, esperaba que el contrato impulsara la contratación de jóvenes y flexibilizara el mercado laboral para mejorar la competitividad de Francia.
Pero sus adversarios dijeron que estaba mal diseñada y explicada, y que atentaba contra las protecciones tradicionales al trabajador.
Las nuevas medidas son una extensión de leyes vigentes y amplían el papel del gobierno en el mundo laboral en lugar de reducirlo como pretendía Villepin.
Incluyen capacitación para jóvenes marginados como los que protagonizaron disturbios en los barrios de inmigrantes el año pasado. Las nuevas medidas, que le costarán al estado unos 150 millones de euros (180 millones de dólares), afectarán a 160.000 jóvenes.
