Michael Hayden debe ser ratificado por el Senado. |
WASHINGTON.- El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, nominó hoy al general Michael Hayden como nuevo jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en reemplazo de Porter Goss.
La nominación fue anunciada oficialmente a las 13:30 GMT (misma hora en Chile).
En su anuncio, hecho junto a Hayden y el jefe de la inteligencia de EE.UU., John Negroponte,
Bush dijo que el designado "está altamente cualificado para este puesto".
Igualmente destacó que el general de la Fuerza Aérea tiene más de 20 años de experiencia en cuestiones de inteligencia.
Hayden, general de la Fuerza Aérea de 61 años,
deberá ser confirmado por el Senado para suceder a Porter Goss, cuya renuncia se conoció el viernes.
Durante el anuncio, el general aseguró que "no hay puesto más importante que la dirección de la CIA para preservar nuestra seguridad y nuestros valores en estos momentos".
"Trabajaremos con el Congreso para que los servicios de inteligencia (de EE.UU.) vayan hacia adelante", aseguró Hayden, quien agradeció tanto a su esposa como a sus hijos el apoyo que le han dado siempre en su carrera.
Candidato resistido
El candidato elegido por Bush despierta controversias. No sólo los demócratas, sino también eminentes republicanos han manifestado reservas sobre la nominación por temer una excesiva influencia militar en la CIA.
En su proceso de confirmación será seguramente interrogado sobre el programa secreto que llevó a cabo la Agencia Nacional de Seguridad, que Hayden dirigió hasta el año pasado, en el que las autoridades estadounidenses controlaron conversaciones entre residentes en Estados Unidos y personas fuera del país sin una orden judicial para ello.
El Presidente había aprobado el programa sin informar al Congreso, y cuando se descubrió que se había llevado a cabo, Hayden lo defendió con ahínco.
Cuando estas actividades salieron a la luz el pasado año, arreciaron las críticas tanto al programa como al contenido del mismo.
Grupos de defensa de los derechos humanos, la oposición demócrata y algunos republicanos tachan al programa -que arrancó tras los atentados de septiembre del 2001 en EEUU- de ilegal, y señalan que viola el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Sus detractores recuerdan que una normativa de 1978 prohíbe las escuchas en territorio estadounidense a menos que cuenten con el permiso de un tribunal especial.
