CARACAS.- Una decisión legislativa del estado venezolano Bolívar, que ordena al diario opositor Correo del Caroní desalojar su edificio sede para demolerlo "para recuperar espacios públicos", desató una nueva polémica sobre la relación entre la prensa y el gobierno en Venezuela.
David Natera, presidente-editor del rotativo, advirtió este lunes que las autoridades "tendrán que sacar a la fuerza" a sus trabajadores si se atiende el exhorto del consejo legislativo regional, que desea "recuperar espacios públicos en áreas de recreo".
"Nos tendrán que sacar con violencia, tanto el elemento humano como las 30 toneladas de rotativas que existen en esta sede. Tenemos un derecho que no vamos a renunciar", aseguró Natera.
Natera, también presidente del Bloque de Prensa de Venezuela, calificó de "irregular" la medida adoptada el viernes por el legislativo regional -de mayoría oficialista- que acusó al diario de violar disposiciones urbanas en la ciudad de Puerto Ordaz (500 km al sureste de Caracas).
El consejo legislativo sostiene que el edificio donde funciona desde hace 30 años el diario fue construido en una zona no industrial, y por ello pidió al municipio en Puerto Ordaz desalojarlo, demolerlo y erigir un parque público.
El editor dijo que existe una "maniobra legal" del consejo legislativo. Además, acusó al gobernador, Francisco Rangel, de buscar "argucias legales" y servir a los intereses del gobierno de Hugo Chávez para imponer el "silencio" a la prensa opositora.
"Esto es producto de mentes totalitarias que quieren dominar a los ciudadanos de Venezuela, negándole la posibilidad de estar libremente informados acerca de lo que acontece en el país", destacó.
Natera dijo que el gobernador Rangel anunció la medida durante un programa radial transmitido en marzo tras las constantes críticas del Correo del Caroní a irregularidades en el suministro de agua en Bolívar, donde se encuentra uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de Suramérica.
Fuentes de la gobernación de Bolívar consultadas por la AFP aseguran que la decisión legislativo fue "autónoma" y partió de una petición de los vecinos del diario, que lo acusan de violar leyes urbanísticas.
"La sede del Correo se hizo en una zona de comercio vecinal número 2 y el consejo legislativo comprobó que el uso que se le da a ese terreno es ilegal", aseveró el jefe de Información de la gobernación, David Medina, vía telefónica.
Natera no descartó acudir al Consejo Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el caso. Además, recordó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre la posición del legislativo contra el diario.
Las denuncias de la SIP fueron respondidas por el ministerio de Información venezolano (Minci), que el sábado emitió un comunicado acusándola de utilizar el caso "para atentar contra la imagen de Venezuela".
"Ninguna oficina del Ejecutivo Nacional ha tenido participación en la investigación, la elaboración y la aprobación del informe sancionado por el Consejo Legislativo del estado Bolívar respecto al caso de la empresa Roderick (editora del diario)", añadió el despacho.
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Frontera, Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusan al gobierno de Chávez de permitir agresiones contra periodistas y órganos de prensa. El gobierno ha rechazado reiteradamente estas denuncias.
Chávez y varios de sus voceros han acusado a la prensa opositora de servir a intereses internacionales y apoyar o promover acciones corporativas contra el gobierno, como el golpe de Estado de abril de 2002 y un paro petrolero de 63 días entre 2002 y 2003, informa Univisión.
