LA PAZ.- A un día de la histórica votación para la Asamblea Constituyente y de la consulta popular sobre autonomías departamentales en Bolivia, la Defensoría del Pueblo y otras entidades denunciaron unas 332 "faltas éticas" durante la campaña.
En un estudio conocido hoy se advirtió que los candidatos y dirigentes políticos usaron frases y signos denigrantes hacia el aspirante o partido contrario, lo que se consideró como una falta a las normas éticas y legales.
"Desde el 3 de mayo se han registrado más de 300 transgresiones a los indicadores de comportamiento democrático. Es más, no hubo un sólo día en que por algún medio (no) se difundiera un insulto, una agresión al adversario político", dijo el defensor Waldo Albarracín.
El documento señala que "los candidatos son los que han cometido la mayor cantidad de faltas, con un 47 por ciento, seguidos por anónimos y dirigentes de partidos políticos".
De acuerdo con las cifras, de las 332 transgresiones detectadas, un 54 por ciento se relacionaba con el uso del lenguaje, el 37% contra la imagen y un 3,6% fue clasificado como indisciplina a la norma legal.
Para realizar este trabajo, que evaluó distintos medios de comunicación, se tomó en cuenta el uso de adjetivos ofensivos, acusaciones sin pruebas, términos discriminatorios y otros indicadores para medir el nivel de trasgresión verbal.
Se señaló que las "faltas" más comunes se cometieron en actos proselitistas, mientras que las denuncias contra el adversario se dieron a conocer a través de los medios de comunicación.
"Es necesario que los protagonistas políticos asuman conscientemente la necesidad de cambiar, evitando ingresar en la denominada 'guerra sucia', en procura de una confrontación electoral basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el interés nacional", afirmó Albarracín.
A su juicio, la votación de este domingo se constituye en "un acontecimiento democrático que dará lugar a un cambio de estructuras en el país y un nuevo modelo de Estado".
Este domingo unos 3,7 millones de bolivianos acudirán a las urnas para designar a los 255 integrantes de la Asamblea Constituyente, y pronunciarse a favor o en contra del modelo de autonomía departamental.
