WASHINGTON.— El gobierno estadounidense declaró este martes que todos los detenidos en Guantánamo y otros centros militares en el mundo están ahora protegidos por la Convención de Ginebra.
El portavoz presidencial Tony Snow dijo que el cambio de política, detallado en un memorándum del Departamento de Defensa, se debió al reciente fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los procesos en Guantánamo erigidos por el gobierno de George W. Bush.
La nueva política constituye un cambio radical con respecto a la posición anterior del gobierno de Bush, de que los detenidos no tenían derechos bajo la Convención de Ginebra porque no eran prisioneros de guerra.
La divulgación de la nueva actitud de la administración estadounidense se registró en momentos en que el Comité Judicial del Senado iniciara hoy una serie de audiencias sobre la manera en que deben ser tratados los detenidos.
"No pensamos darle al Departamento de Defensa un cheque en blanco", dijo durante la audiencia el senador republicano Arlen Specter, presidente del comité.
El senador Patrick Leahy, el demócrata de más rango en el comité, dijo que "deben ser cambiados los procedimientos de tribunales irregulares y arbitrarios", y que ninguna comisión militar "puede ser establecida como una parodia" de justicia. "Deben ser coherentes con un alto estándar de justicia estadounidense que valga la pena proteger", señaló el senador.
Snow aseguró que todos los detenidos por presunto terrorismo habían sido tratados de manera humana. Aún así, aseguró que "queremos hacer lo correcto".
Los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Americas Watch han denunciado torturas en prisiones controladas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, Irak y Afganistán.
Steven Bradbury, subsecretario de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, dijo durante la audiencia en el Senado que el gobierno acatará el dictamen de la Corte Suprema de que deben aceptarse las normas de la Convención de Ginebra para el tratamiento de prisioneros.
Pero enseguida aclaró que la norma, que exige tratar de manera humana a combatientes capturados y procesarlos en tribunales con garantías legales, es ambigua y difícil de interpretar.
"La aplicación del artículo 3" de la convención de Ginebra "crea un grado de incertidumbre para aquellos que combaten a fin de defendernos de un ataque terrorista", dijo Bradbury.
