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Santiago: Lunes 15 de diciembre del 2025 | Actualizado 02:44
BANGKOK.- Cerca de 3.000 civiles de aldeas del este de Birmania se dirigen hacia la frontera tailandesa para ponerse a salvo de los insistentes ataques que lleva a cabo el Ejército birmano, denunció hoy el grupo "Human Rights Watch’’.
El grupo internacional para la defensa de los derechos humanos precisó que la ofensiva militar, iniciada a principios de año, ha causado el desplazamiento de unas 27.000 personas en las áreas habitadas por la tribu karen y otras 55.000 en diversas zonas del país, en las que también las tropas actúan contra minoría étnicas.
"Los soldados birmanos atacan las aldeas, emplean a los civiles como mano de obra forzada, y roban su comida y dinero’’, precisó Brian Adams, director para Asia de "Human Rights Watch’’.
Según informaciones recabadas por el grupo entre los desplazados, más de 1.400 civiles de la tribu Mon abandonaron el mes pasado el pueblo de Nyaunglebin, al sureste del país, para huir de los ataques efectuados por los soldados y que dejaron al menos siete muertos.
Desde el inicio de la ofensiva, 232 pueblos y aldeas han sido destruidas, la mayor parte situadas en las escarpadas montañas del este de Birmania, que los desplazados se ven obligados a superar para alcanzar la frontera en ocasiones, tras más de dos semanas de recorrido sin apenas agua y comida.
La ofensiva militar, según Human Rights Wacth, va en paralelo a la colocación de minas anti-personas en torno a los pueblos, una de las medidas que han contribuido a la ruptura del sistema interno de distribución de alimentos y dejado a la población rural del este del país sin la básica atención médica.
Las tribus karen, mon y shan, que disponen de guerrillas armadas y reclaman desde hace varias décadas un estatuto de autonomía para los territorios en los que habitan, son los principales blancos de la ofensiva militar.
Cerca de 140.000 refugiados, la mayor parte de la tribu karen, viven en una decena de campos con alambradas, situados en el lado tailandés de la frontera y custodiados por soldados.
La denuncia de Human Rights Watch se produce después de que la Junta Militar birmana ordenara en octubre el cierre de las cinco representaciones que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene en las áreas de conflicto y restringiera las actividades de la organización en el resto del país.
EL CICR, que tiene el mandato internacional para visitar las zonas en las que libran conflicto armados y supervisar el trato que se da a los presos, deploró, por medio de un comunicado, la medida adoptada por el gobierno militar birmano.
Desde diciembre de 2005, el gobierno militar prohíbe al CICR acceder a las cárceles del país, en las que se calcula están encarcelados unos 1.100 presos políticos.
Hasta el momento, la Junta Militar birmana ha hecho caso omiso a los llamamientos de la comunidad internacional para que ponga fin al continuado abuso de los derechos humanos.
