QUITO.- El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que no desea controlar el Parlamento, que el pasado martes reanudó sus sesiones suspendidas durante dos semanas por una crisis jurídico-política en torno a una consulta popular para una Asamblea Constituyente.
El Parlamento reanudó sus sesiones una vez que una veintena de legisladores suplentes juraron el cargo como titulares y posteriormente otros colegas emularon esa situación.
Al asumir el cargo los suplentes, diversos políticos, analistas y medios de comunicación locales aseguraron que Correa había logrado debilitar a la oposición, a la que pertenecían los diputados destituidos, y conformar un Parlamento a su medida, extremo rechazado por el jefe de Estado.
"Nadie quiere controlar el Congreso, los suplentes pertenecen a los mismos partidos de los ex diputados. Es decir la oposición seguirá ahí. Nadie quiere que no haya oposición,” dijo hoy Correa en su programa sabatino de radio.
Asimismo, calificó de "mito" el que se diga que si no hay oposición en el Parlamento el Ejecutivo puede "hacer lo que le da la gana", pues la oposición también puede provenir de los medios de comunicación o de grupos organizados de la ciudadanía.
"La oposición va a continuar si los diputados suplentes son de las mismas tiendas partidistas que los principales, eso no nos molesta en absoluto, lo que pedimos es que sea una oposición que se ajuste a la Constitución, a las leyes y sobre todo al mandato ciudadano", puntualizó Correa.
El jefe de Estado, que en la pugna jurídico política, consideró acertada la decisión del Tribunal Supremo Electoral TSE de destituir a los 57 legisladores, expresó su conformidad con el reinicio de labores del Parlamento.
"En buena hora que haya comenzado a funcionar nuevamente el Congreso Nacional, en buena hora que haya una oposición al gobierno siempre y cuando sea una oposición que respete, sobre todo, el mandato demandante, que no son ciertos caciques, sino el pueblo ecuatoriano", recalcó.
El Congreso retomó sus actividades luego de la crisis que desató el rechazo de 57 legisladores a la decisión del TSE de destituirlos por considerar que interferían el proceso de la consulta popular.
El Parlamento había intentado poco antes reemplazar en la vocalía del TSE a Jorge Acosta y un grupo de legisladores había interpuesto una demanda de inconstitucionalidad a la consulta popular ante el Tribunal Constitucional.
