MADRID.- El juez español Fernando Grande-Marlaska abrió una investigación por el atentado perpetrado en el Líbano que causó la muerte a seis militares españoles, tres de origen colombiano, y prohibió que se incineren sus cadáveres.
Según fuentes jurídicas, el magistrado pidió informes sobre lo sucedido a los ministerios españoles de Defensa y Asuntos Exteriores.
Grande-Marlaska aplicó una ley que establece la competencia de los tribunales españoles "para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley Penal española", como delito de terrorismo.
La decisión del juez, según las mismas fuentes, no afecta al traslado a Colombia del cadáver del soldado Jefferson Vargas, previsto para hoy mismo, que podrá ser enterrado en su país de origen, pero no incinerado.
Los otros cinco militares muertos el domingo pasado a consecuencia de la explosión de un coche-bomba en el Líbano, donde participaban en la misión española de la Fuerza Interina de la ONU (FINUL), son Jonathan Galera, Juan Carlos Villoria, Manuel David Portas, Yeison Castaño y Yhon Edisson, estos dos últimos también de origen colombiano.
Según las primeras investigaciones, fue la explosión de una furgoneta Renault Express, cargada con 50 kilos de explosivos, la que causó la muerte de los seis cascos azules españoles cuando viajaban en un blindado BMR sin inhibidores de frecuencia.
Ésta no es la primera vez que la justicia española abre una investigación sobre un atentado cometido en el exterior.
El 4 de diciembre de 2003, después del atentado que el 29 de noviembre de ese año había costado la vida a siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak, el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu también decidió abrir una investigación sobre lo sucedido.
Las diligencias fueron archivadas el 13 de febrero de 2004 en vista de que los hechos estaban siendo investigados "por las autoridades de las fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona" y de que se desconocía la identidad de las personas responsables del "ataque armado" contra los funcionarios españoles.
