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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 08:59
SAO PAULO.- La Justicia brasileña autorizó la subasta de las propiedades en el país del confeso narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", y aceptó también las denuncias presentadas contra él por el Ministerio Público Federal (MPF), informó hoy la estatal Agencia Brasil.
El servicio informativo del gobierno brasileño apuntó que el juez Fausto Martín de Sanctis, del Sexto Juzgado Criminal Federal en el estado de Sao Paulo, determinó la venta en subasta de cinco inmuebles de Ramírez Abadía, avaluados de manera informal en 2,5 millones de dólares.
Ramírez Abadía, preso en Sao Paulo el pasado 7 de agosto junto a otras 14 personas en la llamada "Operación Harapos" de la Policía Federal (PF) brasileña, confesó en sus primeros interrogatorios haber lavado cerca de nueve millones de reales (unos 4,7 millones de dólares).
El empresario Daniel Bras Maróstica y su mujer, Ana María Stein, ambos capturados en el operativo, habrían servido como testaferros de Ramírez Abadía y comprado residencias en Aldeia da Serra, exclusiva región en las afueras de Sao Paulo, y Angra dos Reis, conjunto de islas en Río de Janeiro.
Esas propiedades, más una casa de lujo en el sureño balneario de Florianópolis y dos haciendas, una en Pouso Alegre (Minas Gerais) y otra en Guaibá (Río Grande do Sul), serán subastadas por la Justicia.
Una lancha Intermarine 520, con valor comercial de 500.000 dólares, fue embargada por el juez debido a que una empresa se presentó como la legítima propietaria, al argumentar que el colombiano no pagó por su compra.
El colombiano se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso (centro-occidente).
El juez de Sanctis aceptó también la denuncia del MPF (procuraduría), que acusa al colombiano de los cargos de lavado de dinero, concierto para delinquir, uso de documento falso y corrupción activa, delitos con pena conjunta entre ocho y 31 años de prisión.
"Chupeta", por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, encabezaba la lista de narcotraficantes buscados por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), país que pidió en extradición al colombiano, cuyos bienes por fuera de Brasil están avaluados en 1.800 millones de dólares.
De Sanctis pidió igualmente protección especial durante los días de interrogatorio, cuyas fechas se mantendrán en sigilo por "razones de seguridad".
Entre los procesados por la Justicia brasileña aparece la esposa de Ramírez Abadía, la también colombiana Yessica Paola Rojas Morales, acusada por la procuradora Thamea Danelon Valiengo como la responsable de la contabilidad del grupo, que operaba en varios estados brasileños, así como en España, Uruguay y Argentina.
El piloto brasileño André Luiz Telles Barcelos, encargado de transportar a Ramírez Abadía cuando en 2004 huyó de Colombia, donde pagó una condena por narcotráfico entre 1996 y 2002, es apuntado como uno de los principales testaferros del señalado narcotraficante y encargado de conseguirle documentos falsos.
El abogado de Ramírez Abadía, Sergio Alambert, reconoció que las acusaciones de su defendido ya fueron admitidas, en "señal de colaboración con la Justicia brasileña", mientras que eximió de culpa a la mujer del narcotraficante, quien de ser juzgada culpable podría purgar una pena entre seis y 19 años.
Dos policía brasileños, acusados de cooperar con Ramírez Abadía en sus reiterados cambios de identidad, que eran acompañados con cirugías plásticas, y el principal socio del capo, el también colombiano Gustavo Durán Batista, fueron capturados días después.
Durán Batista fue preso en Uruguay cuando intentaba sacar 500 kilos de cocaína. Sus bienes, entre ellos haciendas frutícolas en el norteño estado de Bahía y mansiones de lujo en Sao Paulo, también fueron confiscados.
Las autoridades brasileñas buscan a los extranjeros César Daniel Amarilla "Indio", Henry Edval Lagos "Pacho" y Víctor Manuel Moreno Ibarra "Casquinha", quienes consiguieron huir durante el operativo.
